Alerta 078-2018

Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- La periodista Brenda Moncada del canal HCH, denunció que en el marco de una cobertura noticiosa a manifestación de  estudiantes de educación media del sistema oficial del país, fue víctima de agresiones con piedras por parte de los jóvenes.

El incidente se produjo en la entrada principal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en la ciudad capital del país, el día de hoy lunes 20 de agosto a eso de las dos de la tarde.

En un video difundido por el medio de comunicación donde labora Moncada, se aprecia como una piedra golpea a la periodista y de manera inmediata tres jóvenes se acercan para explicarle que el ataque se escapa de sus manos ya que no pueden contralar a todos los estudiantes. Ver video (https://www.facebook.com/HCHTelevisionDigital/videos/304300820118999/).

Al respecto, el numeral nueve de la declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifiesta que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Periodistas y camarógrafos de HCH han sido censurados por diversos sectores en consecuencia, de acuerdo a los afectados,  al uso de un discurso de fomento al odio en la línea editorial de dicho medio de comunicación. Tal es el caso de la comunidad LGTBI que desde hace dos años han vetado todo tipo de declaraciones a dicho medio de comunicación.

De igual manera las feministas han denunciado una campaña de estigmatización en contra. Por su parte los estudiantes de secundaria, también se han visto perjudicados por el abordaje periodístico del medio de comunicación e incluso autoridades del Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC) han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público por el daño provocado por el estigma y no brindarles las garantías estipuladas en el Código de la Niñez.

 


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