Alerta 052-2017

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). El presidente del Congreso Nacional Maurico Oliva Herrera defendió la negativa del principal poder del Estado, para no derogar el artículo 335-B del Código Penal, que puede significar hasta ocho años de cárcel, para ciudadanos, periodistas y comunicadores sociales del país.

Consultado por periodistas, ante el creciente reclamo de diferentes organizaciones como la Asociación de Prensa Hondureña (APH) el Comité por la Libre Expresión y el Colegio de Periodistas y grupos de periodistas han demandado la eliminación del artículo que criminaliza la libertad de expresión.

Según el cuestionado artículo aprobado por el legislativo, “quién públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito terrorismo o quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otros individuos a cometer terrorismo o financiamiento de este, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión”.

La iniciativa calificada en su origen como “fraudulento” fue introducida por parte del diputado nacionalista Oscar Álvarez Guerrero, al momento de la ratificación del acta del día anterior, mediante la figura de “reconsideración” del acta, sin debatir en el pleno de diputados y sin consultar a la Corte Suprema de Justicia, lo que vulnera el procedimiento de creación de la ley establecido en la Constitución de la República según los expertos.

“Yo no veo un periodista serio alabando porque le metieron fuego a Burger King, yo no veo un periodista serio alabando que se tomen la universidad, quemen edificios, yo no veo un periodista serio alabando que tome canal 10 y se quiebre los vidrios simple y sencillamente porque tienen una opinión distinta a ciertos grupos en el país y eso no podemos nosotros desde cualquier trinchera alabar eso”, justificó Oliva.  

Organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), se han sumado a las organizaciones que han levantado su voz de alarma y ha afirmado que “El Estado no debe limitar el ejercicio de la función periodística sobre actos o amenazas de terrorismo, a menos que el reportaje tenga la intención de incitar a la violencia o exista una conexión directa entre el reportaje y la probabilidad de que ocurra este tipo de violencia”.

Las declaraciones el diputado presidente del Congreso, fueron ofrecidas en el marco de la entrega del premio de Periodismo “Álvaro Contreras” que entrega el Colegio de Periodismo de Honduras (CPH), en la que la periodista galardonada Blanca Moreno, afirmó que el 335-B fue aprobado a lo “bandido” por el parlamento

Bajo este contexto, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a cuyo el marco legal se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos dice de forma clara, que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Por su parte, la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), establece en el numeral uno “la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho  fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.

La misma declaración manifiesta en el numeral cinco que “la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.

Comité por la Libre Expresión


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Agresiones normativas

Censura, colegiación obligatoria, multas, obstaculización del acceso a la información, presiones para revelar la fuente, obstrucción a labor informativa, exigencia de portar carné.

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