Alerta 079-2018

Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Minutos después de finalizar su programa informativo radial, el día martes 21 de agosto del presente año, donde abordo la actual problemática que atraviesa el sistema de salud pública hondureño, la periodista Sandra Maribel Sánchez recibió amenazas a muerte vía llamada telefónica.

“Ajá hija de la gran puta, no sabés cómo quedan las boconas, dejá de seguir hablando de privatización de la salud”, fueron las amenazas en contra de la periodistas, minutos después de haber finalizado un programa de análisis radial junto a la presidenta del Colegio Médico de Honduras, relacionado al reciente nombramiento de una comisión en materia de salud por parte del poder Ejecutivo.

Sánchez, aseguró que durante el programa trasmitido por Radio Progreso, se realizaron fuertes críticas sobre una percepción generalizada a un proceso de privatización “en donde la comisión sólo avalará dichos procesos en el sistema de salud”, pues a criterio de la periodista, a la venta de la salud además se le suman la venta de medicamentos, servicios y equipo.

Según la periodista con más de 30 años de experiencia, la llamada telefónica fue borrada del registro de llamadas de su celular, “el numero decía desconocido y respondí porque estaba esperando una llamada del extranjero, pero al momento de querer verificar el número telefónico en el historial de mi celular, no existía registro de esa llamada”, detalló Sánchez.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y comunitarios así como periodistas y comunicadores sociales a nivel nacional e internacional han manifestado su solidaridad con Sánchez. De igual manera la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos (OACNUDH), emitió un comunicado en donde manifiesta su profunda preocupación por la seguridad de la periodista.

 Al respecto, el numeral nueve de la declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifiesta que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.


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