Alerta No. 010 2019

Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- El periodista Carlos Martínez Zepeda, responsabilizó al diputado Bernardo Enrique Yllescas, ante cualquier cosa que pueda ocurrirle tanto al comunicador como a su familia. Lo anterior fue expresado en la audiencia de conciliación el jueves 31 de enero, luego de ser querellado por el parlamentario que representa al departamento de Cortés. 

Cabe señalar que en dicha audiencia no hubo acuerdo conciliatorio.

En declaraciones a C-Libre, el periodista detalló que, en reuniones privadas con otros comunicadores de la zona norte, el congresista emitió la siguiente frase: “voy a destruir a Carlos Martínez”.

Mientras que, al interno del Congreso Nacional, Yllescas ha dicho que “voy a sentar un precedente contra Carlos Martínez”, de acuerdo con lo que denunció el periodista actualmente querellado.

Ante las -supuestas- palabras emitidas por el diputado del Partido Alianza Patriótica (PAT), Bernardo Yllescas, el periodista aseguró que busca las formas de solicitar protección para él y su familia.

Este legislador es conocido por introducir al pleno del Congreso Nacional un proyecto para retornar al servicio Militar Obligatorio (SMO), mismo que fue derogado en 1994 en el gobierno de Carlos Roberto Reina, tras un proceso liderado por organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en el país.

La querella contra el comunicador fue interpuesta en octubre de 2018. En junio del mismo año, la ex directora del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de Empleados del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) en San Pedro Sula, Brenda Mercedes Flores, también lo querelló; posteriormente, retiró la acción penal.

En las observaciones hechas luego de su visita a Honduras, en junio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), remarcó el uso frecuente del derecho penal “como mecanismo para inhibir y hostigar a quienes ejercen el periodismo”.

El 10 de diciembre de 2002, mediante una declaración conjunta emitida por los Relatores sobre Libertad de Expresión de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre la Libertad de Prensa, centraron su atención en la derogatoria de los delitos contra el honor de la legislación penal “y sustituirse, conforme sea necesario, por leyes civiles de difamación apropiadas”.

 

 

 

 


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