Alerta No. 019-2019

Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- El periodista Edgar Andino, denunció durante esta semana acciones de vigilancia en su casa, amenazas por mensajes de texto por parte de activistas del Partido Nacional en la ciudad de Choluteca.

De acuerdo con el relato del Andino, publicado en el periódico Pasos de Animal Grande, en los últimos días “hombres no identificados en motocicletas y vehículos, se apostan en las inmediaciones de su casa para vigilar todos sus movimientos y los de su familia, por lo que él considera que su vida está en riesgo”.

Andino produce y dirige el programa “El Patrullero de Choluteca”, transmitido por el Canal 21 “Prensa Libre” en la zona sur del país.

Para este 18 de febrero, de acuerdo con una publicación de Pasos de Animal Grande, el comunicador denunció ante la Asociación para la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), que un desconocido pretendió ingresar a su vivienda en horas de la noche.

Edgar Andino, es beneficiario hace más de un año, del Mecanismo de Protección a Defensores y Defensoras, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Al que cuestionó por ser de un accionar débil.

Asimismo, reprochó el papel del delegado regional del Comisionado Nacional de los derechos humanos (CONADEH) en Choluteca, donde muestran total desinterés hacia su caso.

Los orígenes de la persecución contra Andino, se encuentran en la cobertura de las acciones de protestas ciudadanas de Choluteca, en contra del fraude electoral.

Esto sumado a la solidaridad mostrada hacia su colega Jairo López, quien vive bajo un estado de total indefensión, al ser hostigado, criminalizado y censurado para ejercer su labor periodística, esto último, de acuerdo con información que maneja C-Libre.

Tanto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) como el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre seguridad de los Periodistas, establecen la obligatoriedad de los Estados para adoptar medidas para prevenir la violencia contra periodistas trabajadores de los medios de comunicación.

En aquellos países o regiones en las cuales los y las periodistas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por el contexto de violencia dirigida contra este grupo de personas, el Estado tiene una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y protección.


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