Alerta 032-2018

Comité por la Libre Expresión C-Libre.- La transnacional norteamericana “Chiquita Brands”, despidió de forma ilegal a 77 trabajadores y trabajadoras de la empresa “Chiquita Honduras”,

por manifestarse pacíficamente en defensa de su contrato colectivo.

Los obreros de la empresa norteamericana mantienen una huelga desde el pasado 26 de diciembre de 2017 y de acuerdo a los manifestantes todo se debe al irrespeto empresarial al contrato colectivo, al traspasar la atención médica de la ciudad de la Lima a la ciudad de San Pedro Sula, aproximadamente a una distancia de unos 20 kilómetros  de su centro de trabajo.

Los afectados pertenecen al Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Company (Sitraterco), otrora poderoso sindicato que paralizaba el país, en defensa de sus conquistas laborales.

Los trabajadores, además  manifestaron que tienen más de 60 años de gozar de los beneficios del derecho a la salud, que ahora la empresa quiere violentar al trasladarlos a otra ciudad.

La empresa Chiquita tiene un largo historial de violaciones a los derechos humanos en diferentes países del continente americano y tiene su sede principal en el Estado de la Florida, Estados Unidos.

Los despedidos pertenecen a las fincas del municipio de La Lima departamento de Cortes, de un número de 300 que la empresa quiere despedir según información publicada en medios de comunicación de San Pedro Sula.

El numeral uno de la Convención Interamericana de Derechos Humanos expresa que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.  Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado”.

Según el abogado Joaquín Mejía, “El derecho a la libertad de expresión constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática pues es indispensable para la formación de la opinión pública y es una condición para que quienes deseen incidir sobre la colectividad y las políticas públicas, puedan desarrollarse plenamente”.
La empresa no se ha pronunciado por ningún medio de comunicación, excepto en las cartas de despido entregadas a los trabajadores.

Comité por la Libre Expresión.

 


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