Alerta 045-2017

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Estudiantes aglutinados en el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) denunciaron que fueron “estigmatizados” por las autoridades de universitarias al acusarles de “anarquistas y trotskistas” mediante un comunicado público enviado a medios de comunicación.

Las autoridades acusan de forma directa en el comunicado, al estudiante de Sicología Marcio Silva, quién fue expuesto en los diferentes medios de comunicación.  

La acción represiva surgió luego de una reunión entre estudiantes y las autoridades encabezadas por la rectora Julieta Castellanos y los vicerrectores Ayax Irías y Belinda Flores, en la que los estudiantes plantearon que no aceptarían la prolongación del mandato de las actuales autoridades que termina en septiembre de 2017, tras dos días de protestas en los predios universitarios.

Según los estudiantes, el mismo vicerrector de asuntos estudiantiles Ayax Irías se encargó de enviar a los estudiantes, a través de mensajes de Whatsapp, el comunicado que criminaliza el reclamo de sus derechos estudiantiles.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha establecido en su informe anual del año 2005 que “el derecho a la manifestación pacífica, si bien es un derecho humano contenido en las libertades de reunión y de expresión, merece ser tratado de manera especial debido a que representa un modo de acción cívica para la exigencia y la defensa de derechos, altamente sensible a reacciones de gobierno y a políticas de Estado incompatibles con los derechos humanos”

El derecho a la protesta es un derecho de especial importancia que está establecido en la Constitución de la Republica: se trata de un derecho que nos permite reclamar otros derechos no reconocidos o quebrantados. Sin el derecho a la protesta, todos los demás derechos están en riesgo. Por lo tanto no puede haber excusas de ningún tipo que justifiquen una actitud intolerante o una acción represiva, frente a una protesta que conlleva el reclamo de otro derecho como por ejemplo el impedir la impartición de clases.

La acción represiva surgió luego de una reunión entre estudiantes y las autoridades encabezadas por la rectora Julieta Castellanos y los vicerrectores Ayax Irías y Belinda Flores, en la que los estudiantes plantearon que no aceptarían la prolongación del mandato de las actuales autoridades que termina en septiembre de 2017.

Silva manifestó al Comité por la Libre Expresión, que “es absurdo que por querer una educación pública de calidad se tenga que exponer a un estudiante a que lo dañen física y sicológicamente”.

Cada vez que los estudiantes salen a protestar pacíficamente son reprimidos por las autoridades universitarias y por miembros de la Policía Nacional, quienes no permiten el desarrollo de las protestas estudiantiles.

El artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice de forma clara y contundente que: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.  El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”.

Desde el año 2008 los estudiantes universitarios vienen reclamando que las autoridades universitarias permitan elegir sus representantes ante el Consejo Universitario, máximo órgano deliberativo de la Universidad, ya que durante los dos periodos de Castellanos han sido seleccionados de dedo por las autoridades.

El pasado 29 de abril se anunció por parte de las autoridades universitarias, la ampliación por dos meses del periodo de la actual Junta de Dirección Universitaria (JDU) integrada por Aleyda Lizeth Romero, Martha Arguijo Bertrand, Juan Carlos Ramírez, Manuel Torres, Melba Baltodano y Valerio Gutiérrez López, lo que ha provocado la incomodidad de los estudiantes.

La JDU es la encargada por ley de seleccionar los candidatos a rector de la UNAH y presentar los candidatos al Consejo Universitario.

Comité por la Libre Expresión

 


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