Alerta No. 042-2019

Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- La Policía Militar del Orden Público (PMOP), obstaculiza investigaciones sobre crímenes ocurridos en el marco de la crisis electoral, denunció este martes 23 de abril, el Ministerio Público (MP).

A través de su cuenta oficial en twitter, el MP expuso que Fiscales adscritos a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), al realizar diligencias investigativas en la sede de la PMOP, “están siendo obstaculizadas por autoridades de este destacamento”.

Por esta acción, los Fiscales adscritos a FUSINA “aplicarán la ley”, detalla el texto en la cuenta de twitter.

El artículo tres de la Ley Orgánica del Ministerio Público, estipula que dicho ente no podrá ser obstaculizado, impedido ni limitado, en forma alguna por ninguna actividad.

Hasta el momento, solo existe un proceso penal contra Denis Omar Cáceres, con el rango de soldado segundo, acusado de la muerte de David Octavio Quiroz Urrutia, ocurrido el 15 de diciembre de 2017.

La Coalición contra Impunidad y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), reportan cerca de 34 asesinatos contra manifestantes por razones políticas; de la cuales, 23 le son atribuidas a la Policía Militar.

Mientras que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), en su informe sobre “Violaciones a derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017”, de 23 muertes que tiene bajo su registro, 13 “podrían estar relacionadas con la actuación de la Policía Militar del Orden público (PMOP).

En la sentencia de la Corte interamericana de derechos Humanos (Corte IDH), en caso Velázquez Rodríguez vs. Honduras, en el caso de la desaparición forzada, en septiembre de 1981, de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez, esta menciona que: “Los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”.

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