Alerta No. 107-2019

Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Luego de realizar abordajes en su programa “El Perro Amarillo” sobre una investigación contra el Grupo Atlántida en Belice, el periodista Milton Benítez denunció recibir amenazas hacia él y su familia.

A la par de esto, fue querellado el lunes 14 de octubre por abogados de Banco Atlántida S.A. aquí en el país.

Benítez, a través de su espacio que transmite por las redes sociales de Facebook y Youtube, aseguró que, con esta acción penal se trata de atacar un proyecto “que no tiene dinero ni grandes instalaciones, pero tiene al pueblo”.

La acción penal fue presentada por su vicepresidente Carlos Girón, ante la Secretaría del Tribunal de Sentencia, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), supuestamente es por los delitos de difamación y calumnia en perjuicio de ejecutivos de la institución bancaria.

Girón aseguró a un canal de televisión que se han visto perjudicados por los cuestionamientos del periodista Milton Benítez, y que no desistirán en la acción penal promovida contra el director de “El Perro Amarillo”.

El comunicador informó que la sociedad Atlantic International Bank Limited en Belice, deberá pagar cerca de 20 millones de dólares, supuestamente por participar en “la estafa hipotecaria ´Sancutuary Belize´ que recaudó más de 100 millones vendiendo propiedades que nunca entregaron a sus dueños”, publicó el medio de comunicación.

Por publicar en Facebook, C-Libre tiene documentado procesos penales contra liderazgos sociales, específicamente el caso de Elvin Francisco Molina (ex empleado, detenido en enero de 2016 por “atentar contra el sistema financiero”.

Con esto, continúa el ejercicio del uso de las figuras penales como la Injuria, Calumnia y Difamación, para silenciar a periodistas y líderes de oposición. Por ejemplo, la Comisionada en condición de Retiro y actual diputada por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), María Luisa Borjas, fue condenada en febrero de este año, luego de ser querellada por el banquero Camilo Atala.

C-Libre rechaza que los delitos contra el honor se lleven por la vía penal, pues se encaminan a silenciar voces opositoras, especialmente cuando son auditoras del quehacer público.

Mientras que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el pasado 12 de julio, mencionaron que, en la redacción del Código Penal, que entrará en vigencia el próximo 10 de noviembre, podría indebidamente criminalizar conductas de ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, así como podría afectar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión.


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