Alerta 189-2016

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). El Presidente de la República Juan Orlando Hernández Alvarado, utilizando un lenguaje que criminaliza el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, acusó a medios de comunicación y usuarios de redes sociales de entrar en un «libertinaje», en una comparecencia pública en Casa Presidencial.

El artículo 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece que «los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información».

«Muchas veces algunos medios de comunicación, más aún las redes sociales, entran en un libertinaje sin precedentes» manifestó el Presidente Hernández, ante diferentes medios de comunicación que cubren la presidencia de la República.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), en su sentencia del 22 de mayo de 2008, caso Caso Kimel vs. Argentina, Sentencia del 2 de mayo de 2008, párrafo 88, ha manifestado, que «(…) En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población».

Las acusaciones fueron vertidas en una declaración del Presidente, «sobre la presunta relación directa o indirecta, voluntaria o circunstancial de mi hermano el diputado Juan Antonio Hernández, con personas o con supuestas actividades al margen de la ley».

En otras oportunidades el presidente ha criminalizado a defensores y defensoras de los derechos humanos, refiriéndose a ellos como «grupos que apoyen y estén coludidos con los intereses de las bandas criminales».

Este mismo lenguaje ha sido usado para atacar a sus opositores políticos, aseverando que «algunos activistas de oposición, apoyando protestas de supuestos familiares e integrantes de los mismos grupos criminales que se oponen a estos traslados para el aislamiento», refiriéndose a una manifestación de familiares de personas privadas de libertad.

«La CIDH Ha manifestado de forma clara que la mera existencia de normas que penalizan la expresión ofensiva contra funcionarios públicos o leyes de desacato, en cualquiera de sus formas, resulta contraria a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión».

Comité por la Libre Expresión.


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