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El país ante la emergencia del COVID-19 ha pasado por ciertos acontecimientos que han marcado la dinámica de la gestión pública entre los cuales se pueden mencionar: el decreto de estado de excepción en todo el país (Decreto Ejecutivo PCM021-2020), asignación de presupuesto ante la emergencia, ampliación del techo para el endeudamiento externo a partir de préstamos ante organismos internacionales, donaciones nacionales e internacionales, leyes aprobadas para abordar la emergencia del COVID-19, entre otras acciones que han provocado la incertidumbre y la desconfianza entre el pueblo hondureño.

La llegada del nuevo coronavirus en materia de garantía de derechos a representado un desafío para nuestro precario sistema de justicia, si en condiciones “normales” es difícil exigir la no vulneración de derechos, en estas condiciones representa un verdadero riesgo.