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(16 de abril, 2020).- Históricamente, Honduras ha enfrentado profundos retos para la garantía de los derechos humanos. El país es uno de los más violentos del mundo; presenta uno de los más altos índices de percepción de la corrupción, una alta impunidad y el 66% de su población vive en condiciones de pobreza. Ante ese panorama, la defensa de los derechos humanos en el país resulta una labor trascendental.

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La Coalición Contra la Impunidad, conformada por más de 53 organizaciones de Sociedad Civil, presenta las conclusiones del informe del Examen Periódico Universal (EPU) 2020, desde la perspectiva de la sociedad civil. El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el objetivo de que cada uno de los 193 Estados miembros de la ONU rindan un examen sobre la situación de los derechos humanos en el país, para evaluar la situación de derechos humanos de los 193 países miembros.

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DECLARACIÓN CONJUNTA DE SOCIEDAD CIVIL

La pandemia de COVID-19 es una emergencia global de salud pública, que precisa de una respuesta coordinada y en gran escala de los gobiernos en todo el mundo. Sin embargo, las iniciativas de los Estados para contener el virus no deben servir para encubrir el inicio de una nueva era marcada por una enorme expansión de los sistemas de vigilancia digital invasiva.

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