La Coalición Contra la Impunidad, conformada por más de 53 organizaciones de Sociedad Civil, presenta las conclusiones del informe del Examen Periódico Universal (EPU) 2020, desde la perspectiva de la sociedad civil. El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el objetivo de que cada uno de los 193 Estados miembros de la ONU rindan un examen sobre la situación de los derechos humanos en el país, para evaluar la situación de derechos humanos de los 193 países miembros.

A continuación le presentamos lo siguiente:

Defensores y defensoras de derechos humanos

Honduras es uno de los países más peligrosos en América Latina para los(as) defensores(as) de derechos humanos. Al menos 11 defensores(as) de los derechos de la población LGBTI fueron asesinados(as) entre 2008 al 2018, más de 120 defensores(as) del medio ambiente fueron asesinados(as) entre 2010 y 2017, y sólo en 2016 y 2017 se registraron 2,137 ataques a defensoras de derechos, 6 de las cuales fueron asesinadas. Estos ataques se comenten en un ambiente de impunidad estructural.

El Estado no ha logrado hacer efectivo el Sistema Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Esto se debe al incumplimiento de los estándares de implementación del mecanismo según su normativa y por la participación limitada y minoritaria en las instancias de toma decisiones del mecanismo que se le brinda a la sociedad civil. Sumando lo anterior a los altos niveles de participación del Estado en las agresiones a los defensores y defensoras de derechos humanos produce bajos niveles de confianza en el mecanismo. 

La práctica de criminalizar el trabajo de defensoría se encuentra generalizada, particularmente en los casos de defensa de tierra, ambiente y derechos políticos cuando se reportan irregularidades en las concesiones. Esta criminalización se realiza por el malintencionado uso del derecho penal, violaciones al debido proceso y uso arbitrario de parámetros de detención.

En este contexto de marcada impunidad y concentración del poder es importante mencionar que el CONADEH no ha cumplido su función de defensa de los derechos humanos y supervisión de la administración pública por medio de la investigación de quejas. Particularmente grave ha sido que no se pronunciara de manera contundente frente a la militarización, la reelección presidencial y el irrespeto a la consulta previa de comunidades.

Derechos económicos, sociales y culturales 

La respuesta del Estado en materia de asistencia social no ha tenido impacto alguno sobre los niveles de pobreza o desigualdad. No existen programas que aborden el problema de la pobreza y la desigualdad desde un enfoque integral, Por el contrario se ha agudizado la precarización laboral, que se expresa en el empleo por hora, la desconstrucción de sindicatos y la expansión e intensificación de políticas orientadas hacia la privatización.

Libertad de expresión

Desde 2001 hasta la fecha 82 personas vinculadas a los medios de comunicación han sido asesinadas, (77 personas al momento del envió del informe EPU) y la mayoría de estos casos siguen en impunidad. Esto a pesar de la existencia de un mecanismo de protección al que se ha acogido más de 60 comunicadores(as). El Estado ha intensificado el uso indebido del derecho penal en casos de afectación del honor, efecto de ellos el periodista David Romero Ellner fue condenado a 10 años de prisión por 6 delitos constitutivos de difamación.

La Coalición ve con preocupación la  penalización de los delitos contra el honor que se  mantiene vigente en el nuevo código penal, donde se establecen responsabilidades penales por delitos cometidos a través de medios de difusión, como la injuria, calumnia y espionaje.

Estado de la justicia e impunidad/ independencia judicial

El Estado no ha tenido avances significativos en el fortalecimiento del sistema de justicia y no se cumple el principio de independencia judicial. Existe un enfoque represivo de seguridad del Estado responsable de continuas violaciones de derechos humanos y de la persistencia de la situación de violencia en el país. Hay un creciente grado de involucramiento de militares en las funciones de orden público, lo que se ha convertido en una práctica normalizada.

El  aumento a la criminalización de las poblaciones como defensores(as) de derechos humanos, los sesgos de género en la aplicación de justica y la falta de recursos para la investigación de delitos son algunos de los temas que la Coalición ve con preocupación.

Migración

Desde el 2009 se han incrementado en más de 5000% las solicitudes de asilo provenientes de Honduras, pasando de 1,516 en 2009 a 76,564 en 2018.  De igual forma, al menos 250,000 personas han sido desplazadas internamente entre 2004 y 2018. Este aumento del desplazamiento forzado es el resultado de la violencia y las violaciones generalizadas a los derechos humanos, y la falta de mecanismos de protección. 

En estos últimos años ha habido un aumento considerable del número de personas deportadas, pero no existe una estrategia para su reintegración, ni para la protección de quienes tienen riesgos de seguridad. El Estado tampoco cuenta con una estrategia de asistencia al hondureño en el exterior, ni un mecanismo eficaz de acceso a la justicia y búsqueda de migrantes desaparecidos en la ruta migratoria.

Mujeres

Existe una violencia estructural contra las mujeres, sostenida por una cultura permisiva y la impunidad. Entre 2001 y 2018, 6,265 mujeres fueron asesinadas. La tasa de impunidad de estas muertes se ha llegado a estimar hasta del 98%. Aparte de la violencia letal, entre 2009 y 2018 se registraron 205,239 casos de violencia doméstica. El 78% de las resoluciones que se emiten de estos casos se llegan a conciliación, o las mujeres que denuncian la violencia doméstica no continúan con el proceso judicial.

En 2009 se prohibió la promoción, distribución, venta y uso de la anticoncepción de emergencia. Esta prohibición no permite a las mujeres ejercer su derecho sexual y reproductivo, así como tomar medidas para evitar las consecuencias de una agresión sexual.

Niñez, adolescencia y juventud

Los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) enfrentan una violencia estructural, expresada en la falta de garantía de sus derechos; además de la violencia física que sufren, existe una baja cobertura educativa, persiste el trabajo infantil forzado, la desprotección ha incrementado, aumentando así la migración de menores no acompañados. Los programas de atención a la situación de violencia no sólo no abordan sus causas, sino es común la discriminación institucionalizada y criminalización desde algunos actores estatales hacia los(as) NNAJ. La atención del Estado hacia los(as) NNAJ es deficiente.

Población LGTBI

El Estado, en lugar de tomar medidas para el reconocimiento de derechos de la población LGTBI ha tomado medidas legislativas que abiertamente promueven la homolesbotransfobia. Entre ellas, se realizó una prohibición expresa sobre la adopción por parte de hogares homoparentales. Adicionalmente, las medidas que el Estado ha tomado para brindar acceso a los justica a la población LGTBI no han sido suficientes para reducir la impunidad. Los crímenes han aumentado en su nivel de violencia expresiva

Tierra y territorio

Las comunidades indígenas y campesinas que han ejercido acciones de resistencia frente a los proyectos extractivos sufren persecución política, criminalización, atentados contra la vida y la integridad física y psicológica. El Estado ha tomado medidas para limitar el acceso a la información a los estudios de impacto ambiental, contribuyendo así a la secretividad en los proyectos extractivos y energéticos. Uno de los casos más emblemáticos es el conocido como caso del río Guapinol, en el que las comunidades han sufrido amenazas, acoso y violencia por parte de las autoridades, hasta el punto que varios defensores han sido privados injustamente de su libertad.

Este caso ilustra también la ausencia de consulta previa, libre e informada en los proyectos extractivos. A pesar de que Honduras ya ratificó el convenio 169 de la OIT, el anteproyecto de Ley de Consulta Previa se ha redactado con una baja participación de organizaciones representantes de los pueblos indígenas.

Otra problemática de mucha preocupación para el movimiento campesino y socioambiental hondureño ha sido la aprobación del Decreto Ejecutivo número PCM-052-2019, que contiene el programa de desarrollo agrícola de Honduras (PDAH). La ejecución de dicho programa está bajo la dirección y control de las Fuerzas Armadas (FFAA) y se desarrolla al margen de la institucionalidad agraria existente en el país.

Impunidad en casos de desaparición forzada

La desaparición forzada de personas en Honduras, en el marco de la aplicación   de la Doctrina de Seguridad Nacional (1980-1994) tuvo el carácter de una práctica sistemática y generalizada llegando a configurar un crimen de lesa humanidad. A pesar de la magnitud que alcanzó esta práctica, el Estado de Honduras no ha logrado dar respuesta de manera integral a esta problemática, existiendo algunos avances -aunque insuficientes-, en materia de investigación y recuperación de restos óseos de cementerios clandestinos.

En el Año 2012 se modificó el Código Penal de Honduras para incorporar el delito de desaparición forzada, cuya redacción no se ajusta a los estándares internacionales. El 10 de mayo de 2019, fue publicado el nuevo Código Penal que entrará en vigencia en mayo de 2020, contiene un capítulo que busca adecuar la legislación penal al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para sancionar los crímenes internacionales, entre ellos la desaparición forzada, cuando son cometidos como delitos contra la humanidad.

La Desaparición Forzada de Personas está contenida en los artículos 140, 141 y 142. La definición contemplada no es concurrente con los estándares interamericanos y los universales del delito de desaparición forzada. Las circunstancias agravantes y atenuantes no se ajustan a los estándares internacionales. Y las penas son bajas en relación con el delito.    

A 37 años de iniciado el fenómeno 1980-2019, la mayoría de los familiares de las víctimas de desapariciones aún no han obtenido respuestas ni conocen el paradero final de sus seres queridos. Los esfuerzos desplegados por el Ministerio Público entre el año 1995 y 2002 han sido insuficientes para dar respuesta a ésta problemática, solo cinco casos fueron judicializados. Y en la actualidad este proceso se encuentra inactivo.

En base a las consideraciones anteriores la Coalición ha elaborado una serie de recomendaciones que oportunamente serán presentados  al Estado, a la comunidad Internacional y  Sociedad Civil de modo que el Estado de Honduras adopte las medidas necesarias, para remover los obstáculos Legislativos, Ejecutivos y Judiciales y de cualquier otras índole para hacer efectivos de manera real los Derechos Humanos en el País.

 

Tegucigalpa, 04 de marzo de 2020

Coalición Contra la Impunidad 


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