Alerta No. 093-2019

Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Defensores y defensoras de los bienes comunes del Parque Nacional La Tigra, fueron víctimas de represión por parte de miembros de Fuerzas Especiales, en la carretera principal de la aldea El Hatillo, este lunes 02 de septiembre.

La población fue acompañada por organizaciones defensoras de los bienes comunes de la naturaleza que se tomaron la carretera desde tempranas horas, pero cerca de las 11 de la mañana, la fuerza de seguridad pública comenzó a lanzar gas lacrimógeno contra los y las manifestantes, haciendo un fuerte contraste con la acción de protesta pacífica en el sector, donde -vale señalar-, viven también familias adineradas de Honduras.

Las y los manifestantes demanda la cancelación del proyecto habitacional “Bosque de Santa María”, el cual afectaría la zona núcleo del Parque Nacional “La Tigra” así como afluentes de agua que abastecen aproximadamente en un veinte por ciento  a la población capitalina y a quienes habitan el sector de El Hatillo, a unos diez kilómetros del centro de Tegucigalpa .

El Hatillo se ubica a más de 1,200 metros sobre el nivel del mar, cerca del el Parque Nacional El Picacho, y sus pobladores originarios poco a poco han sido desplazados por opulentas familias entre empresarios y políticos, por lo que advierten que el proyecto habitacional provocará más desplazamiento forzado y daños ambientales.

La construcción, inició el descombramiento de la vegetación para la edificación de 1,886 residencias de lujo, 29 centros comerciales, un hotel de montaña, un club ecuestre y carreteras de penetración en una área de casi 500 hectáreas, de las que más de 100 son parte de la zona de amortiguamiento de La Tigra, tras las denuncias públicas realizadas por los y las defensoras de los bienes comunes de la naturaleza, el Ministerio Público secuestró toda la documentación relacionada con el proyecto “Residencial Santa María”, al aparecer para iniciar investigación.   

El año anterior, representantes de 25 países de América Latina y el Caribe llegaron a un acuerdo para la protección de los defensores del medioambiente, impulsado por Naciones Unidas, que deberá garantizar derechos de acceso a información, participación, y justicia, sin embargo Honduras es uno de los ausentes, pese a estar considerado el más peligroso del mundo para el activismo ambiental, según Global Witness.

Es el "Acuerdo de Escazú" que encaminaría al reconocimiento de los Estados de la implicación de la sociedad civil en temas de medioambiente y viene cerrar un ciclo de negociación empezado con la Declaración de Río de 1992. El acuerdo busca "asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales", según lo detalla la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas. 


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