Alerta No. 111-2019

Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- El periodista César Obando Flores continúa siendo víctima de hostigamiento, ahora mediante redes sociales y vigilancia militar. Así lo denunció, el pasado 01 de noviembre.

Se trata del tercer incidente denunciado por Obando a C-Libre en 2019; en medio de la cobertura del contexto de criminalización y violaciones a los derechos humanos en el municipio de Tocoa.

Obando es corresponsal de Radio Progreso, de Radio Globo y labora para el medio digital, Diario Colón.

Para el 26 de octubre, a través de una cuenta en la red social de Twitter nombrada “La Pecorra”, luego que Obando publicara una foto sobre los ocho defensores criminalizados de la comunidad de Guapinol, este perfil comentó con descalificativos como “machaqueros”, “culero” y “miedoso”.

El tweet circuló en distintos medios de comunicación locales, aseguró el periodista.

Dicha cuenta tiene poca información personal, solo refleja su creación en 2015 y nada más comparte publicación deportiva y de la empresa Inversiones Los Pinares S.A.

 “Me preocupa porque ahora la están arremetiendo contra mi persona”, alertó César Obando a C-Libre.

A esto suma que la denuncia presentada por el periodista ante el Ministerio Público (MP) el pasado 30 de septiembre, por amenazas a muerte y persecución militar, no muestra avances.

Las intimidaciones continúan. Un carro de la Policía Militar se para frente donde vivo. Hecho que ocurre precisamente cuando llega a su casa; y agregó que “me tienen estrictamente vigilado”.

Las medidas de protección no han funcionado, se supone que ya saben (Mecanismo de Protección), quedaron de comunicarse conmigo y no lo han hecho, puntualizó.

Obando es beneficiario de Medidas Cautelar 241-16, de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), tras recibir amenazas por su cobertura en temas como la militarización del Bajo Aguán.

El Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, estipula que “la falta de protección a los periodistas amenazados, cuando quiera que exista un riesgo real e inminente conocido por el Estado, podría comprometer la responsabilidad internacional de este último por violación, entre otros, del artículo 13 de la Convención Americana [de Derechos Humanos].


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