Alerta No. 120-2019

Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- La vida del periodista David Romero, en prisión desde marzo por una excesiva condena, corre peligro. Así lo afirmó su esposa y colega, Lidieth Diaz este miércoles 11 de diciembre, tras presentar una denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

La denuncia fue interpuesta contra el sub director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), German McNeil, a quien responsabiliza de crear acciones de hostigamiento contra Romero, donde se encuentra recluido.

“Le han quitado su derecho a estar informado, lo quieren tener aislado de todo… esto es en represalia porque nosotros hemos denunciado al señor German MacNeil, que incluso me han enviado mensajes para que deje yo de denunciar, sino les quitarán los colchones a David y al resto de privados de libertad”, expresó Díaz a medios de comunicación, luego de salir del CONADEH.

  • Nota de ConfidencialHN, aquí

Díaz, quien actualmente conduce el programa “Interpretando la Noticia” en Radio Globo, consideró como una falta de respeto a su derecho a informar.

Añadió que “las acciones de McNeil llegan a extremo de ordenar operativos contra David y otros privados de libertad y el mensaje es que David tiene la culpa”.

Exteriorizó que el defensor del pueblo, Roberto Herrera Cáceres, se encargará de manera personal del caso para salvaguardar la vida del periodista.

David Romero, está privado de libertad en el Batallón Táctico Estratégico, en Támara, al norte de Francisco Morazán, luego de ser capturado mientras realizaba su labor periodística en Radio Globo (de la que es su director), la mañana del 28 de marzo del año en curso.

Horas antes de su detención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió Medidas Cautelares en favor del comunicador, ya que existe “un “efecto amedrentador” en la condena contra el periodista, reiterando que la penalización de los delitos contra el honor ha declarado su incompatibilidad con la Convención Americana”.

Romero Ellner fue condenado a 10 años de prisión en marzo de 2016, por seis delitos constitutivos de difamación. En enero del presente año, la Sala Penal ratificó la condena contra el periodista, dejando sin lugar un recurso de casación presentado por su cuerpo legal.

La CIDH en su informe sobre Honduras, luego de su visita in loco en 2018, recomendó revisar la legislación nacional eliminando figuras penales o legales que puedan restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la labor de periodistas.


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