Alerta No. 008-2019

Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- En Juicio Oral y Público, la Comisionada de Policía, María Luisa Borjas, fue declarada culpable este martes 29 de enero luego de una querella en su contra por el delito de calumnias, constitutivas de difamación.

Borjas fue querellada luego que el 22 de noviembre de 2017, ofreció una conferencia de prensa en las instalaciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), en Tegucigalpa, donde leyó fragmentos de tres informes que obtuvo de una fuente policial, en la que revela la falta de actuación del ministerio Público (MP) para presentar requerimiento fiscal.

Seguidamente, en esa misma fecha presentó ante el CONADEH, una queja contra el Ministerio Público, para que emitiese los requerimientos fiscales contra un listado de supuestos involucrados en los asesinatos contra Orlan Chávez, Alfredo Landaverde y Berta Cáceres.

Uno de los nombres que aparece en el informe en poder de la comisionada en condición de retiro, es del empresario Camilo Atala Faraj, responsable de la querella contra Borjas.

La parte querellante, en la etapa de conclusiones, además de la penalización contra María Luisa Borjas, solicitó retirar su investidura como diputada, a lo que se opuso tajantemente la representación legal a cargo de C-Libre.

El equipo de defensa cuestionó la ausencia del querellante en el desarrollo del proceso penal.

Horas antes de la lectura de la sentencia, C-Libre recordó en un comunicado este martes que “las expresiones vertidas por la Comisionada Borjas se enmarcan en lo que la Doctrina sobre Libertad de Expresión denomina como discursos especialmente protegidos, ya que se orientan a promover una discusión sobre el funcionamiento de la sociedad y el Estado”.

Parte de la resolución dictada por el juez natural, Rolando Argueta Pérez -a su vez presidente del poder Judicial- estableció que Borjas, actualmente diputada al Congreso Nacional “ha transgredido los límites de la libertad de expresión”.

La individualización de la pena contra María Luisa Borjas quedó programada para el próximo 07 de febrero.

C-Libre, desde el año 2003 a la fecha, 43 procesos penales se han llevado a cabo por delitos contra el honor desde 2003: 15 contra periodistas, 8 políticos partidarios, 3 sindicalistas, 4 defensoras del territorio, 2 defensoras de derechos humanos de las mujeres, 2 víctimas que exigían justicia por un pariente asesinado, y 1 funcionario público, en su mayoría por haber divulgado información o haber emitido una opinión respecto de asuntos de interés público.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en su marco jurídico expone que la libertad de expresión es una de las formas más eficaces de denuncia de la corrupción. Y en debates sobre interés público se protegen la emisión de expresiones inofensivas y bien recibidas por la opinión pública “como aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos, a los candidatos a ejercer cargos públicos, o a un sector cualquiera de la población”.

“El Estado debe abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a estas formas de expresión, y que las entidades y funcionarios que conforman el Estado, así como quienes aspiran a ocupar cargos públicos, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica”, establece el Sistema Interamericano.


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