La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información[1], red integrada por 17 organizaciones de la sociedad civil de 15 países de Latinoamérica, trabaja en la defensa de la democracia y el valor de los derechos humanos, reafirmando la convicción de que las libertades de expresión e información son esenciales para las sociedades democráticas y para el cumplimiento de los derechos humanos, que no pueden ser desconocidos por los Estados y deben protegerse aún en momentos de emergencia como el que enfrentamos en este momento.

En el marco de la crisis sanitaria que enfrentamos a nivel global con la expansión del COVID-19, apoyamos los esfuerzos de los países y las medidas adoptadas para la protección de la salud de sus ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, hacemos énfasis en la responsabilidad de los gobiernos de garantizar y proteger el goce de derechos humanos en la región.

El acceso y la libre circulación de la información constituyen dos pilares fundamentales para la protección de la salud pública. En este sentido instamos a los gobiernos de la región:

  • Proporcionar información clara y precisa sobre el avance y naturaleza de esta amenaza, las medidas de protección y atención previstas para la gestión de esta pandemia, así como en relación a los recursos invertidos; todo ello tanto en forma proactiva, como en respuesta a cualquier consulta y pedido de información que recibieran.
  • Evitar toda restricción al acceso a internet por parte de la ciudadanía. Al mismo tiempo, se debe poner énfasis en la circulación de información fiable por parte de autoridades y comunicadores en función de contrarrestar la propagación de fakenews sin que esto resulte en detrimento de la libre circulación de la expresión e información.
  • Proteger y garantizar el ejercicio periodístico, que resulta particularmente relevante en aquellos países en los que no se garantiza el acceso a información oficial confiable. Por ello rechazamos toda medida de censura u obstrucción del acceso de periodistas a las fuentes de información.

Entendemos que en el contexto actual pueden existir limitaciones fácticas para generar y/o entregar información que pudiera solicitar la ciudadanía con relación a asuntos que excedan lo vinculado con la salud pública. En este sentido instamos a los gobiernos a realizar todos los esfuerzos que resulten posibles para cumplir de buena fe con su obligación de garantizar el derecho de acceso a la información pública, procurando que las restricciones sean mínimas y excepcionales, ajustadas a los términos del derecho internacional y los estándares en la materia. Consecuentemente, rechazamos toda restricción general y a priori que los Estados pudieran realizar al ejercicio de este derecho.

NOTA

[1] La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, es una red de organizaciones no gubernamentales, independiente, apartidaria, y sin fines de lucro, creada para fortalecer la capacidad de sus organizaciones miembros para fomentar mejores prácticas y legislaciones de acceso a la información y libertad de expresión en sus países y la región. La integran las siguientes organizaciones: Asociación Nacional de la Prensa (Bolivia); Artículo 19; Acción Ciudadana (Guatemala); Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Uruguay); Comité por la Libre Expresión (Honduras); Centro de Análisis e Investigación- Fundar (México); Corporación Transparencia por Colombia (Colombia); Espacio Público (Venezuela); Fundación Violeta Barrios de Chamorro (Nicaragua); Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (El Salvador); Fundación Democracia sin Fronteras (Honduras); Fundación Ciudadanía y Desarrollo (Ecuador); Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Costa Rica); Instituto de Derecho y Economía Ambiental (Paraguay); Movimiento Participación Ciudadana (República Dominicana); Transparencia por Venezuela (Venezuela).


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