La pandemia del coronavirus trajo aparejado desafíos sin precedentes. El escenario en América Latina y el Caribe es crítico: nuestras instituciones públicas deben dar respuestas integrales, efectivas e inclusivas, pensando particularmente en la manera de asistir y cuidar a las comunidades históricamente marginadas, quienes son aún más vulnerables en este contexto.

A seis semanas de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara al COVID-19 como pandemia, los Estados de América Latina y el Caribe han tomado cientos de medidas para atender la urgencia en salud pública y disminuir los efectos económicos recesivos de un confinamiento social nunca tan prolongado. En muchos casos, la emergencia no viene acompañada de procesos de toma de decisión abiertos y transparentes. Vemos con preocupación el hecho de que algunos gobiernos no difundan proactivamente información oportuna y útil o lo hagan de manera deficiente o en formatos cerrados, la proliferación de medidas trascendentales que no aparecen en boletines oficiales, riesgos de corrupción por irregularidades en compras y contrataciones.

Más grave aún, libertades civiles han sido restringidas, tales como el derecho de acceso a la información pública, el respeto a la privacidad, y la deficiencia en el funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos en la toma de decisión de primera importancia (por la imposibilidad o tardanza de Poderes Legislativos en constituirse, Poderes Judiciales cerrados, organismos de control paralizados).

Para garantizar el fortalecimiento de las instituciones en la región y la implementación efectiva y transparente de las políticas públicas en este contexto, también es fundamental contar con una Sociedad Civil activa, que tenga las herramientas e información para ejercer su función de monitoreo.

En las últimas semanas distintas organizaciones de la sociedad civil (OSC) latinoamericanas, que trabajamos en el marco de diferentes redes en diversas agendas, comenzamos a tener conversaciones. Desde puntos diversos del continente, nos reunimos distintas organizaciones vinculadas al fortalecimiento democrático, el acceso a la información pública, la transparencia presupuestaria, la rendición de cuentas, la justicia, los derechos humanos, la libertad de expresión, el ambiente y los recursos naturales, entre tantas otras agendas. Esas conversaciones se multiplicaron y convergieron en una propuesta: desarrollar respuestas más orgánicas que nos permitan, a través del trabajo colaborativo y en una red de redes, pensar en conjunto cómo afrontar la crisis actual, y el lugar que podemos ocupar desde la sociedad civil en el monitoreo de políticas públicas y las necesidades, propuestas y aportes que podemos acercar a las personas tomadoras de decisión.

Nos pronunciamos sobre algunos puntos que, creemos, serán críticos y sobre los cuales los gobiernos latinoamericanos y del Caribe deben avanzar con toda la celeridad posible para garantizar políticas públicas de calidad, que den respuesta a la crisis:

  1. Transparencia y rendición de cuentas de instituciones (incluyendo compras y contrataciones abiertas, acceso a la información, ejecución presupuestaria, fortalecimiento y puesta en marcha efectiva de los Poderes Legislativos y
    Judiciales, y respeto al principio de separación de poderes);
  2. Garantizar los derechos humanos y las libertades cívicas a la población en su conjunto, así como el respeto al Estado de derecho;
  3. Atención a las poblaciones discriminadas por su identidad de género, su etnia, su condición socioeconómica, etc;
  4. Acceso a la salud en igualdad de oportunidades (disponibilización de la información faltante, fortalecimiento de los sistemas de salud, con especial atención a los territorios más críticos).

Entendemos que se necesitan respuestas concretas para sostener, cuidar y bregar por la calidad de nuestras democracias ante la crisis actual, para que la reacción y la recuperación del COVID-19 en América Latina y el Caribe sea abierta, transparente e inclusiva. Por eso, solicitamos a los gobiernos que tomen decisiones de manera transparente, abierta y eficaz para dar respuesta a la crisis, que respeten los derechos humanos, que no existan restricciones a la libertad de expresión, que comuniquen el fundamento de sus decisiones, y que estén dispuestos a recibir los aportes de las organizaciones de la sociedad civil y de otros actores sociales para abordar esta crisis global.

Firman el presente:

Iniciativa Regional Rendir Cuentas

Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos – ILDA

International Budget Partnership – IBP

Alianza Regional por la Libre Expresión e Información

Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa

Coordinación de la Iniciativa Global para la Transparencia Presupuestaria – GIFT

Derecho Ambiente y Recursos Naturales – Representante de sociedad civil en EITI

Grupos del Acuerdo de Escazú


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