El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) se suma a las muestras de dolor e indignación por el vil asesinato de la coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH),

Berta Isabel Cáceres Flores, ocurrido la madrugada del jueves 3 de marzo de 2016 y denuncia ante la comunidad nacional e internacional que:

PRIMERO: La coordinadora del COPINH, Berta Cáceres lideraba una lucha por la defensa del río Gualcarque, en los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá y se enfrentó a las empresas Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. (DESA), la compañía contratista china Sinohydro, el grupo financiero FICOHSA, y Copreca S.A. de C.V., constructoras de la represa Hidroeléctrica Agua Zarca que amenaza con dejar sin agua al pueblo Lenca.

SEGUNDO: El 22 de febrero pasado, 10 días antes del asesinato, los ejecutivos de la Hidroeléctrica Agua Zarca, señalaron a Berta, por medio de un comunicado, expresaron que “la Hidroeléctrica Agua Zarca no puede comprender como la dirigente del COPINH, la señora Cáceres luchadora incansable por el medio ambiente por la que, incluso, se le ha reconocido con premios internacionales, se opone a un proyecto que mejora el medio ambiente al contribuir al cambio de la matriz energética del país para disminuir la generación eléctrica por métodos térmicos que son altamente contaminantes. Y que, además, las manifestaciones o reivindicaciones que quiere expresar la haga no por el dialogo constructivo al que Hidroeléctrica Agua Zarca siempre ha estado, está y estará abierto, sino que lo manifieste con actos de presión e intimidación (…)”.

TERCERO: Este proyecto violenta los derechos ancestrales, territoriales, culturales, manifestados en varios acuerdos de Cabildo Abierto y acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la O.I.T. sobre Pueblos Indígenas y la Declaración de la ONU sobre pueblos Indígenas, ratificado en 1995 por el Estado de Honduras.

CUARTO: Cáceres había recibido amenazas a muerte, amenazas de secuestro, amenazas en contra de su madre y de sus cuatro hijos, sufría constante estigmatización, hostigamiento y criminalización por parte de agentes estatales.

QUINTO: El recrudecimiento de la represión policial y militar en contra de Berta Cáceres se hacía visible constantemente ya que fue detenida el 24 de mayo de 2014, por efectivos militares y acusada de “posesión ilegal de armas de fuego en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras” cuando se desplazaba para brindar su apoyo a las comunidades del pueblo indígena lenca de Río Blanco, en el departamento de Intibucá, por su cuestionamiento al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca; también sufrió una detención ilegal el 27 de junio de 2010, por la policía de La Esperanza, Intibucá; de igual forma la detuvieron el 28 de junio de 2009 y le decomisaron documentos de personas que solicitaban una Asamblea Nacional Constituyente.

SEXTO: En julio de 2013, la coordinadora de COPINH solicitó medidas cautelares para toda la institución debido al asesinato de Tomas García, un miembro del Consejo Indígena Lenca, ejecutado por miembros del ejército hondureño el lunes 15 de julio de 2013, en la comunidad de El Achotal, Río Blanco, Intibucá, en las cercanías del portón principal de la empresa “DESA SINOHYDRO”, cuando pobladores aledaños al Rio Blanco se disponían a participar en una protesta pacífica.

SÉPTIMO: Ante la vulnerabilidad que enfrentaba Berta Cáceres, el 29 de junio de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó las medidas cautelares a favor de la defensora de la tierra.

OCTAVO: Denunciamos a nivel nacional e internacional la versión del ministro de Seguridad, el general retirado Julián Pacheco, que trata de justificar la falta de cumplimiento de las medidas cautelares a favor de Cáceres alegando que ella rechazó que le impusieran un policía y que no tenían registrado el domicilio donde falleció la defensora y portavoz del pueblo indígena Lenca.

NOVENO: Denunciamos a nivel nacional e internacional que el gobierno re victimiza a los afectados y utiliza como una estrategia de miedo sus discursos, tratando de justificar los asesinatos ya sea con el argumento de crimen pasional, ajustes de cuentas o crímenes cometidas por pandillas, sin que haya forma de investigar si hay grupos criminales amparados por el Estado para cometer asesinatos selectivos que causan intimidación y reprimen la protesta pública.

DÉCIMO: En las bases de datos de C-Libre, se encuentra un patrón de asesinatos de alto impacto ligados a la libertad de prensa y libertad de expresión que ocurre en la fecha de cumpleaños de la víctima y se encuentra una coincidencia, desde 2003 a la fecha, que muestra que a partir de marzo, aumentan las muertes de comunicadores o defensores.

Ante todo lo anterior:

Urgimos al Estado hondureño, el establecimiento de los peritos médico-forenses imparciales en la investigación para asegurar el esclarecimiento del crimen e identificar a los autores intelectuales y materiales del crimen.

Solicitamos a la Agencia Estadounidense de Cooperación (USAID) en Honduras, que reconsidere el apoyo técnico brindado a la Hidroeléctrica Agua Zarca, a través de un convenio que ha servido para condicionar a los productores agrícolas de los municipios de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara e Intibucá, Intibucá.

A la comunidad internacional, pedimos exigir al Estado hondureño que acaben con los asesinatos selectivos que buscan consolidar empresas cuyo único interés es acumular capitales y ejercer el control de las poblaciones por medio del saqueo de recursos naturales vitales como el agua.

A los Estados extranjeros, bajo cuya jurisdicción está el control de estas transnacionales, que exijan a estas empresas una visión más ética, respetuosa de la vida y de los derechos humanos para invertir sin destruir la dignidad humana y en consenso con las mayorías.

Tegucigalpa, M.D.C.,  jueves 3 de marzo, 2016 

 


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