Pronunciamientos

Diez días se cumplen hoy, desde que Alberth Snider Centeno Tomás, presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz por parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), junto con los líderes garífunas, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez y el allegado a la comunidad, Junior Rafael Juárez Mejía, fueron separados de sus familias y comunidad por desconocidos armados que vestían como agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), y sobre cuyo paradero el Estado no ha dado respuesta.

Desde el Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras, articulación que aglutina a más de 30 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos con el fin de monitorear la situación actual del país, denunciamos que las actuales medidas del Estado hondureño para responder a la pandemia han sometido a un inminente riesgo a las personas defensoras de derechos humanos, quienes han visto obstaculizado su trabajo como consecuencia de las limitaciones de movilidad. Quienes defienden y promueven los derechos humanos, se enfrentan al peligro de ser detenidas, y no cuentan con mecanismos que garanticen el ejercicio de su labor de manera segura.

La pandemia del coronavirus trajo aparejado desafíos sin precedentes. El escenario en América Latina y el Caribe es crítico: nuestras instituciones públicas deben dar respuestas integrales, efectivas e inclusivas, pensando particularmente en la manera de asistir y cuidar a las comunidades históricamente marginadas, quienes son aún más vulnerables en este contexto.