Pronunciamientos

CONSIDERANDO: Que este domingo, 07 de abril, fallecieron en un accidente vehicular ocurrido en Guatemala, ANA PAULA HERNÁNDEZ, de nacionalidad mexicana y oficial del Programa para América Latina del Fondo Gobal de Derechos Humanos; SALLY O’NEIL, irlandesa y representante del Fondo Global en Honduras; y ANA VELÁSQUEZ, guatemalteca e integrante del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO). También falleció DANIEL TUC, quien por años ha sido chófer de confianza de muchas compañeras y organizaciones de derechos humanos en Guatemala.

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COMUNICADO

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), en relación con las campañas de odio y hostigamientos contra periodistas que han cubierto las recientes caravanas de migrantes en Honduras, Guatemala y México expresamos lo siguiente:

Frente a las campañas de desinformación generadas por los gobiernos de origen, tránsito y acogida de migrantes, así como el silencio informativo de las causas que generan la migración, destacamos la labor de los periodistas que arriesgando su integridad física y en condiciones precarias han realizado la labor de divulgación, acompañando el recorrido de miles de personas expulsadas de su país.

Estas labores de cobertura han tenido como respuesta gubernamental de Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos campañas de estigmatización que buscan profundizar el desconocimiento de la población y la desinformación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en recientes comunicados expresó que la región “ha sido testigo de la situación de miles de personas de países del Triángulo Norte de Centroamérica que intentan llegar a México y Estados Unidos, quienes se ven forzadas a migrar como consecuencia de múltiples causas que incluyen, principalmente, la situación de violencia e inseguridad, la violencia de pandillas y carteles del narcotráfico, la corrupción e impunidad, violaciones de derechos humanos, los desastres ambientales, la pobreza y la falta de oportunidades, y que recientemente han venido a integrar las llamadas “caravanas de migrantes”.

También expresó: “con suma preocupación el auge de discursos dirigidos a fomentar el odio, la violencia y la discriminación contra las personas migrantes en diversos países de la región, mismos que van acompañados de un aumento en las cifras de crímenes de odio y diversas formas de acoso contra estas personas, así como en contra de las y los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes”.

El informe 2018 de la Oficina del Alto Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (OACNUD), establece que “la narrativa estigmatizante de la caravana [contra] los migrantes que comenzó a aparecer en medios nacionales e internacionales insinuó que el movimiento estaba infiltrado por el crimen organizado, incluidos yihadistas, maras y pandillas, así como también orquestado por la oposición política con “propósitos políticos y criminales”.

Estas campañas de odio sostenidas por altos funcionarios de los gobiernos de Honduras, Guatemala y Estados Unidos, llevaron como primera acción la detención ilegal del periodista, Bartolo Fuentes, en el Estado de Guatemala el 16 de octubre de 2018, la cancelación de visas y otras sanciones.

Desde entonces, tanto Fuentes como otros periodistas y defensores de derechos humanos han sido hostigados por autoridades migratorias de Honduras, Guatemala, El Salvador, México y Estados Unidos. La campaña de desprestigio ha continuado en Estados Unidos por parte del Secretario de Inteligencia Estratégica, Mario Duarte, en su visita a Washington en febrero de 2019.

Frente a esto, expresamos las siguientes preocupaciones:

  1. Que según el documento “Rama de Operaciones en el extranjero del sector de San Diego: Caravana Migrantes FY-2019, organizadores, coordinadores, instigadores y medios sospechosos” filtrado supuestamente desde la Inteligencia Estados Unidos-México y publicado por el diario NBC-San Diego, de California incluyen a diferentes defensores de humanos de los migrantes, pero especialmente a periodistas.
  2. Que se mantienen las campañas de estigmatización por parte de altos funcionarios del Estado de Honduras y Guatemala para congraciarse con los Estados Unidos de América, con la finalidad de criminalizar a periodistas como Bartolo Fuentes.
  3. Que tanto en Honduras como en Guatemala no presentaron hasta la fecha las acusaciones respectivas contra funcionarios públicos por las violaciones a derechos fundamentales de Bartolo Fuentes, por la detención ilegal y por las campañas de odio.

Exigimos al Estado hondureño que:

  1. Garantice a los periodistas y defensores de derechos de los migrantes el ejercicio de su trabajo y que reconozca su labor en función del interés público.
  2. Que el Ministerio Público presente la acusación por el delito de apología al odio contra la Secretaria de Relaciones Exteriores, María Dolores Agüero.
  3. Que el Estado de Honduras se abstenga de crear falsas acusaciones penales contra el periodista, Bartolo Fuentes, como otros comunicadores que cumplen con su trabajo.

 

Tegucigalpa, 03 de abril 2019

 

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MANIFIESTO

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), ante el asesinato del periodista Gabriel Hernández, se manifiesta de la siguiente forma:

1. Repudiamos el asesinato contra el periodista Leonardo Gabriel Hernández (54), quien luego de regresar de un centro universitario y dirigirse hacia su casa de habitación, una persona que aún no ha sido identificada le disparó en varias ocasiones causándole la muerte. Ante este hecho, C-Libre muestra su solidaridad y acompañamiento hacia la familia del periodista.-

2. El periodista Leonardo Gabriel Hernández, integrante de la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS-Nacaome), desde su espacio televisivo “El Pueblo Habla” de Valle TV, se caracterizaba por ser crítico de la gestión del alcalde municipal y de diputados al Congreso Nacional por el departamento de Valle.

3. El asesinato de periodistas constituye la forma de censura más extrema. Dicha acción no solo vulnera de un modo especialmente drástico la libertad de pensamiento y expresión de la persona afectada, sino que además afectan la dimensión colectiva de estos derechos.

4. El Estado no ha cumplido con la obligación de prevención de la violencia contra la prensa en la zona sur aun que desde hace tiempo se ha puesto en conocimiento del Sistema Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas sobre la situación de riesgo real que enfrentan las y los periodistas en los departamentos de Valle y Choluteca en casos como la criminalización, persecución y campañas de desprestigio contra el periodista Jairo López, la situación del periodista Leonel García y la reciente agresión contra la periodista Melissa Hernández.

5. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (RELE-CIDH), en los casos de violencia contra periodistas llama a los Estados de la región a que actúen “con debida diligencia y agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de la víctima, tomando en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican el crimen, asegurando que no haya omisiones en la recopilación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación”. 

Por tanto, C-Libre exige:

  •  A la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), que de manera inmediata realice las investigaciones correspondientes con enfoque en libertad de expresión, a fin de que este caso no quede impune.
  •  Al Mecanismo Nacional de Protección que brinden todas las medidas de protección integral a los periodistas de la zona que están en riesgo.

 

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de marzo de 2019

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Las organizaciones que conformamos la Coalición contra la Impunidad repudiamos y denunciamos la manipulación del sistema de justicia penal para criminalizar los liderazgos de la lucha a favor del agua y de la vida de la comunidad de Guapinol, organizados en el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales.

1. Denunciamos que el conflicto en la comunidad de Guapinol se origina por la ilegalidad de la concesión de explotación minera a la empresa Inversiones Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, ya que dicho proyecto afecta el Parque Nacional “Montaña de Botaderos”, renombrado posteriormente “Carlos Escaleras Mejía”. Resaltamos que este parque es un área protegida en donde, de acuerdo con la legislación nacional, está prohibido realizar actividades mineras y construir carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos y zonas de riesgo, dado que constituye una zona de recarga hídrica y de toma de agua donde se abastecen una decena de comunidades del municipio de Tocoa, Colón.

2. Recriminamos que el Congreso Nacional aprobó un proyecto de decreto presentado por el diputado Ricardo Díaz para reformar el Decreto 127-2012, que contiene la declaratoria del parque como área protegida. Este decreto fue presentado fraudulentamente bajo la idea de la necesidad de ampliar la zona de amortiguamiento, sin embargo, la finalidad oculta de la reforma fue reducir la zona núcleo de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36, es decir, una reducción de 217.34 hectáreas.

3. Denunciamos que a pesar de que en el año 2014 el Instituto de Conservación Forestal (ICF) emitió el dictamen técnico DAP-031-2014 declarando que el proyecto minero no es factible por estar ubicado dentro de la zona núcleo de una área protegida y recomendó a la Secretaría de Recursos Naturales declarar sin lugar la licencia ambiental, la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) emitió el Informe y Dictamen Técnico N° 713/2014 en el que determinó la viabilidad ambiental del proyecto minero. Posteriormente, el 23 de junio de 2014 el ICF emitió un nuevo dictamen técnico OL-TOCOAMDF-042-2014 en el cual concluyó que el proyecto es factible, después que el abogado de la empresa, Miguel Sánchez, solicitara se dejara sin valor y efecto el dictamen anterior del ICF.

4. Repudiamos el papel inquisidor y parcializado de los fiscales del Ministerio Público quienes en vez de investigar la ilegalidad de la concesión y deducir las responsabilidades penales correspondientes a todos los funcionarios responsables, acusaron criminalmente a 18 pobladores y pobladoras por defender la vida mediante su oposición al proyecto minero ilegal en el marco de su derecho constitucional a la protesta pacífica. Resaltamos que este uso indebido del derecho penal y la apertura de los procesos criminales representa un paso más en la escalada de criminalización que han sufrido las personas y organizaciones que integran el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales, quienes han sufrido campañas de descalificación, represión directa de parte de policías y militares, hostigamientos, amenazas y ataques que ponen en riesgo su vida e integridad.

5. Denunciamos que inicialmente las defensoras y defensores fueron acusados por el Ministerio Público por el delito de usurpación y daños, y que un juzgado de Jurisdicción Nacional libró órdenes de captura en contra de ellos y ellas, pese a que este tipo de tribunales fue creado para perseguir delitos de criminalidad organizada. Debido a que el Ministerio Público declaró que no había otros requerimientos fiscales contra estas personas, se tomó la decisión de presentarlas voluntariamente, sin embargo, al momento de la presentación el día de hoy 22 de febrero en los tribunales de La Ceiba, se les sorprendió con la existencia de otros requerimientos por los delitos de privación injusta de la libertad, incendio agravado, asociación ilícita y robo, con lo cual se asegura su privación de la libertad. En este segundo requerimiento sorpresivo se ha aumentado el número de defensoras y defensores criminalizados a 32.

Hoy mismo las defensoras y defensores que se presentaron voluntariamente al requerimiento fiscal están siendo trasladados a la ciudad de Tegucigalpa por fuertes contingentes policiales y militares.

1. Condenamos la jugada sucia del Ministerio Público y del juzgado de jurisdicción nacional quienes con este caso evidencian una vez más su inoperancia para tutelar los derechos y las libertades consagradas en la Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, así como su eficiencia para torcer el derecho penal e imputar a las personas este tipo de delitos, cuyos procedimientos son ilegales y solo pueden ser conocidos por jueces y juezas ordinarias, y no por juzgados de jurisdicción nacional que fueron constituidos, reiteramos, para conocer delitos de criminalidad organizada.

2. Denunciamos que los procesos penales incoados por el Ministerio Público y las acciones del juzgado de jurisdicción nacional violentan los principios más básicos del debido proceso y del derecho penal como el principio de estricta legalidad, de interpretación restrictiva, de ofensividad, de insignificancia y de proporcionalidad, y buscan deliberadamente sancionar las reivindicaciones del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales, y enviar de esta forma un mensaje amedrentador a quienes en este país defienden la vida y los bienes comunes.

3. Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para evitar que se consume un ataque grave a la libertad e integridad de los liderazgos del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales que se encuentran detenidos ilegalmente por un sistema de justicia penal que revela una vez más su papel de protector de los intereses de los poderes fácticos de este país. La comunidad internacional debe exigir al régimen de Juan Orlando Hernández el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por distintas instancias internacionales de DDHH que han expresado el respeto a la labor de las y los defensores de derechos humanos.

4. Reafirmamos nuestro compromiso en seguir acompañando a las y los pobladores de la comunidad de Guapinol que hoy son un ejemplo de fuerza y dignidad en la defensa de los bienes comunes que benefician y pertenecen a las y los pobladores de distintos municipios de la zona del Aguán.

 

 

Tegucigalpa, 22 de febrero de 2019.

COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD

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