Alerta 043-2017
Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Bajo el cargo de “Atentado, daños y lesiones”, el Ministerio Publico (MP), someterá a proceso judicial a estudiantes de secundaria, todos ellos menores de edad que fueron detenidos el pasado martes 25 de abril durante una protesta en exigencia de una reforma educativa en las cercanías de Casa Presidencial.
El próximo martes dos de mayo dará inicio un proceso sin pruebas físicas por parte del MP y con el testimonio de un Policía que detuvo a los estudiantes pero que declaro no saber quién fue el que causo los supuestos daños a una tanqueta policial, pues solo recuerda que fue una “turba” la que lanzaba piedras.
Los cinco jóvenes, estudiantes de los institutos Jesús Aguilar Paz y Luis Bogarán, fueron detenidos cuando se refugiaban de los efectos del gas lacrimógeno en un restaurante ubicado a unos 200 metros de Casa Presidencial.
Los estudiantes denunciaron al Comité por la Libre Expresión, que el día de la represión, estaban dialogando con la guardia presidencial , quienes les manifestaron que esperaran unos minutos y que “iban a dejar entrar a una comisión de estudiantes a Casa Presidencial a entregar un planteamiento público, cuando en ese momento personas no identificadas y que no portaban uniforme de ningún instituto empezaron a lanzar piedras”, lo que dio inicio a la represión indiscriminada por parte de policías y militares.
De forma repentina, la policía nacional y el ejercitó lanzaron decenas de bombas lacrimógenas en contra de la integridad física de los estudiantes mientras les daban persecución.
El derecho de libertad de expresión y de reunión son reconocidos por el Estado de Honduras como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 13 establece que Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y artículo 15 reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que los estados deben “abstenerse de realizar amenazas y hacer uso arbitrario de la justicia penal en contra de manifestantes, activistas o referentes sociales o políticos por su participación en una protesta social, o el señalamiento de haberla organizado, o por el hecho de formar parte de grupo o entidad organizadora o convocante”.
Cabe señalar que la Casa Presidencial de Honduras, mantiene de forma permanente un fuerte despliegue represivo que incluye presencia de militares y policías y una moderna tanqueta para lanzar agua y gases lacrimógenos, que no permite la realización de manifestaciones pacíficas frente a la casa de gobierno.
Comité por la Libre Expresión
