Alerta 034-2018
Comité por la Libre Expresión C-Libre.- Miembros de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público desalojaron de manera violenta a los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Company (Sitraterco), de la empresa bananera Chiquita Honduras.
Los actos en contra de la libertad de expresión de los trabajadores, ocurrieron en las fincas del municipio de Lima, departamento de Cortés, hasta donde llegaron decenas de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado para despojar a los trabajadores de su derecho a la protesta pacífica.
Los uniformados lanzaron decenas de gases lacrimógenos a las y los trabajadores que mantienen una paralización de labores desde el pasado 26 de diciembre de 2017.
Recientemente la empresa “Chiquita Honduras”, filial de la transnacional norteamericana “Chiquita Brands”, despidió de forma ilegal a 77 trabajadores y trabajadoras, por manifestarse pacíficamente en defensa de su contrato colectivo.
Los trabajadores, han manifestado en su defensa, que tienen más de 60 años de gozar de los beneficios del derecho a la salud, que ahora la empresa quiere violentar al trasladarlos a otra ciudad.
La empresa Chiquita tiene un largo historial de violaciones a los derechos humanos en diferentes países del continente americano y tiene su sede principal en el Estado de la Florida, Estados Unidos.
El numeral uno de la Convención Interamericana de Derechos Humanos expresa que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado”.
Según el abogado Joaquín Mejía, “El derecho a la libertad de expresión constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática pues es indispensable para la formación de la opinión pública y es una condición para que quienes deseen incidir sobre la colectividad y las políticas públicas, puedan desarrollarse plenamente”.
Comité por la Libre Expresión
