Alerta 013-2019
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- La destrucción de plantaciones de café y represión a una protesta, fueron las acciones que ejecutaron fuerzas policiales contra la población de “El Rancho”, una aldea del municipio de San Pedro de Tutule, en el departamento de La Paz, este lunes 04 de febrero.
Varios pobladores de la comunidad de “Las Torres”, denunciaron a un equipo de prensa, del que formó parte C-Libre, que a eso de las siete de la mañana, policías y civiles los desalojaron del asentamiento campesino.
“Tiraron bala viva, más de 150 bombas lacrimógenas, perseguían a la gente para lanzarles bombas, especialmente a los niños”, declaró a la prensa uno de los afectados.
Añadió que, el daño ronda por las 200 plantaciones de café y sus casas de habitación en las 85 manzanas que posee como extensión el terreno en proceso de recuperación, y que la población cultiva desde el año 2010.
Los campesinos indicaron que Ana Besy Bustillo Castellanos, de profesión abogada, se ha declarado dueña de estos terrenos, los cuales heredó de su padre Enrique Bustillo Ochoa, ya fallecido.
La jueza ejecutora del desalojo, estuvo asignada en el municipio de Talanga, Francisco Morazán, donde en años anteriores se giraron órdenes de desalojo que terminaron con la destrucción de comunidades en el vecino municipio de la Villa de San Francisco, “en ese entonces como defensores de DD.HH. se pidió que se trasladara de lugar y actualmente está asignada a la fiscalía de La Paz, ahora tenemos un enemigo declarado” expresó otro de los afectados al periodico digital Conexihon.hn.
Datos que maneja la Central Nacional de Trabajadores del campo (CNTC), registran cerca de 5 mil campesinos y campesinas bajo un proceso de criminalización; de los cuales, 700 casos están en el departamento de La Paz.
El Consejo de Derechos Humanos de naciones Unidas, en su resolución A/HRC/25/L.20, del 24 de marzo de 2014, recuerda a los Estados su responsabilidad en la protección y promoción de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas.
Insta a los Estados para evitar en particular “las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las detenciones y reclusiones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
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