Este informe evalúa la aplicación de la Ley Nacional de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y su reglamento (LNP), desde su publicación en el diario Oficial La Gaceta en 2015, hasta el 31 de diciembre de 2018.
La evaluación consiste en la revisión de avances del cumplimiento de la ley para la instalación de un Mecanismo de Protección Nacional, retomando 4 áreas funcionales que agrupan requisitos necesarios para un óptimo funcionamiento del Sistema Nacional de Protección (SNP), entendiendo esto como el primer paso, mas no el único, para avanzar en la reducción de riesgos y vulnerabilidades que conllevan el ejercicio de la defensa de derechos humanos, labores periodísticas y la impartición de justicia.
Las áreas funcionales identifican elementos estructurales del Sistema Nacional de Protección: 1. implementación de sus órganos internos para la toma de decisión, 2. aprobación de normativas y protocolos, 3. funcionamiento de los órganos 4. gestión financiera de acuerdo a los estándares que propone la ley y [1] su reglamento, para arrojar luces sobre la voluntad política del Gobierno de Honduras en la implementación del diseño inicial propuesto para dicha instancia.
Los insumos detallados en el informe también sirven para establecer una ruta de abordaje, incidencia y fiscalización sobre la Ley Nacional de Protección y su reglamento, al proporcionar información actualizada de los diferentes actores que deben trabajar activamente por la protección de los titulares del derecho, y a los cuales se debe exigir cumplimiento en la protección de la labor de defensoría y libertad de expresión.
