El país ante la emergencia del COVID-19 ha pasado por ciertos acontecimientos que han marcado la dinámica de la gestión pública entre los cuales se pueden mencionar: el decreto de estado de excepción en todo el país (Decreto Ejecutivo PCM021-2020), asignación de presupuesto ante la emergencia, ampliación del techo para el endeudamiento externo a partir de préstamos ante organismos internacionales, donaciones nacionales e internacionales, leyes aprobadas para abordar la emergencia del COVID-19, entre otras acciones que han provocado la incertidumbre y la desconfianza entre el pueblo hondureño.
Aunque el Estado de Honduras indique que cuenta con el Instituto de Acceso a Información Pública (IAIP) y portales web de transparencia para el acceso a la información pública, lo cierto es que no se tiene con toda la información, una buena parte de la información existente está agregada (es decir sin el detalle necesario) y el acceso a internet sigue siendo limitado a una pequeña franja de la población, según el estudio elaborado por la empresa SMARTCOM que para el 2019 señalaba que: “(…) La cobertura de internet en el país es de 39% de la población, lo cual ubica a Honduras en el último lugar de los países Centroamericanos en cobertura de internet” (redacción, 2019), lo que dificulta a la población a acceder a los portales de transparencia del IAIP y aunque los formatos en que suben los archivos al portal son descargables y están en archivos PDF y EXCEL no quiere decir que la población con acceso pueda entender la información planteada.
