Alerta 0018-2022
Orocuina, Choluteca (C-Libre).- El defensor de los derechos humanos, Santos Roberto Lagos Majano, denunció amenazas de muerte y una campaña de desprestigio en su contra, por parte de Wilfredo Aguilera, un ex juez de paz de Orocuina, Choluteca, interesado en titular tierras ancestrales a favor de particulares.
Lagos Majano es el presidente del patronato, Trabajo y Desarrollo, de la aldea indígena de Santa Lucía de Yuculimay, en la jurisdicción de Orocuina y también es el coordinador de la Secretaría de Derechos Humanos del Movimiento Ambientalista Social por la Vida (Massvida) y Juez de Tierra, en 14 comunidades de la región.
El patronato, Trabajo y Desarrollo ha priorizado la defensa del territorio y del bosque de pino en la región sur y por esa labor social, el defensor de los derechos humanos habría sido estigmatizado y amenazado de muerte.
Según Lagos Majano, a mediados de abril, Wilfredo Aguilera, puso en su contra a los dueños de las pulperías, diciéndoles que él es un extorsionador, que les va a cobrar el impuesto de guerra y que, en octubre pasado, lo amenazó expresándole que él lo que quería es una tiroteada
Informó, Lagos Majano, que cuando Wilfredo Aguilera era juez de paz de Orocuina, se dedicaba a tramitar escrituras públicas y que esas acciones ya no las puede realizar en Santa Lucía, porque la comunidad ha nombrado sus jueces de tierras que defienden el territorio y demás recursos naturales.
La situación mantiene enfrentada a la comunidad con este ex juez que ahora hoy trabaja en la Fiscalía de la Niñez.
A juicio del defensor de los derechos humanos, Aguilera ha emprendido la campaña de desprestigio, aprovechando las medidas económicas acordadas por Patronato, que ha establecido el cobro de un canon a las empresas que mantienen operaciones en la comunidad y el tributo de diez lempiras como aportación mensual de las pulperías.
Sostuvo, que el Patronato Trabajo y Desarrollo cuenta con su respectiva personería jurídica y es reconocido por diversas instituciones del país y por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, Aguilera sigue presionando para legalizar tierras privadas dentro del territorio de la comunidad indígena.
“Nos incendiaron el bosque y por haber interpuesto la denuncia andaban diciendo que nos iban a matar”, expresó Lagos Majano, asegurando que en esos días observaron la presencia de varios desconocidos en la zona.
De igual manera, el defensor de los derechos humanos aseguró que teme por su vida, debido a que para asistir a las actividades que se desarrollan en distintas comunidades tiene que recorrer largas distancias, que lo ponen en riesgo. Él es beneficiario de las medidas del Estado a través del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos.
Sin embargo, la protección que le brinda el Estado, se reduce a la asignación de un número telefónico de enlace, para llamar en determinado momento en que su vida esté peligro.
Para el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) es preocupante la situación que viven los defensores de los derechos humanos y les solicita a las autoridades tomar las medidas necesarias para garantizar las libertades en el ejercicio de esa labor.
En mayo del 2015 Honduras adoptó 152 recomendaciones que en el tema de los derechos humanos le hicieron diversas naciones del mundo que participaron en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
En momento, el Estado se comprometió a tomar medidas para ponerles fin a las amenazas y el hostigamiento de defensores de derechos humanos y periodistas, y a mejorar su seguridad.
