Alerta 0006-2023
Tocoa, Colón. (C-Libre). – Cuatro defensores de derechos humanos, el ambiente y el territorio fueron asesinados en la zona del Aguán en los últimos diez días, pese a las denuncias de amenazas previas emitidas por diferentes organizaciones de derechos humanos, imponiendo un clima de terror e intimidación al norte de Honduras.
Los hechos ocurrieron en tres momentos diferentes, Omar Tomé Cruz (44), presidente de la Cooperativa Agropecuario Los Laureles fue acribillado en su casa de habitación en Tocoa, Colón el 18 de enero del 2023; mientras que Elmer Elías Portales fue asesinado a balazos el 17 de enero, en la carretera CA-13 frente al predio de la cooperativa Chile, se conoce que era residente de la comunidad Quebrada de Arena.
Y en horas de la noche del 16 de enero un grupo armado entro a la Finca El Chile para realizar descargas de armas de grueso calibre en un acto de terror, informó la Plataforma Agraria del Aguán, sostiene que en las últimas cuatro semanas han ocurrido una serie de asesinatos violentos en la región.
Según la dirigencia campesina en la zona, en el marco de este conflicto agrario en Tocoa, el día que asesinaron a Omar en horas de la mañana hubo tiroteo en la parte baja del área de la Cooperativa Remolino, se escuchan rumores de personas heridos y muertos, estos hechos se dan a un mes de que las tierras de la Cooperativa Agropecuaria Remolino fueron invadidos por un grupo armado irregular quien tomó posesión de forma violenta de más de la mitad de las tierras adjudicadas a la Cooperativa Agropecuario El Remolino, hechos que fueron denunciados ante a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional en Trujillo, sin respuesta alguna.
El crimen organizado que opera en el país y especialmente en Tocoa contra organizaciones sociales, empresas asociativas campesinas y cooperativas agropecuarias que integran la Plataforma Agraria Regional del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), debe entenderse que se viste con “bandera de empresarios, con bandera policial y militar”, según el abogado Víctor Fernández, de la Plataforma Agraria.
Coherencia y responsabilidad, solicita el abogado Fernández al gobierno progresista (socialista democrático) que preside doña Xiomara Castro. “Hago un llamado para que el Estado y gobierno asuma su responsabilidad y que sean coherentes, porque la gente que hoy está siendo asesinada es la misma que los llevó al poder y un poquito de justicia no va mal… un poquito de coherencia en cumplimiento, a sus propias promesas de gobierno por el cual las personas fueron a votar y hoy están viviendo iguales o peores condiciones”, acotó.
Por su parte, Esly Banegas de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA) sostiene que la paz en esta región del norte de Honduras, podría llegar con la ejecución de un convenio que se firmó hace un año y a la fecha, cada uno de los artículos son incumplidos por el gobierno de Xiomara Castro.
Según Banegas, este compromiso que firmó el gobierno de Honduras y las organizaciones campesinas que integran COPA se remonta al 22 de febrero del año pasado (2022) y precisamente el numeral cuatro del convenio señala “Conformar una Comisión Jurídica por cinco profesionales del derecho, representantes de la Plataforma Agraria y COPA; un representante profesional del derecho por cada una de las empresas Productoras y Maquiladores de Palma que suman en total cinco (5), dos abogados del INA, un jurista internacional como asesor, y un representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y en su ausencia un representante de las Organizaciones de los Derechos Humanos de Honduras, seleccionado por dichas organizaciones”.
Guapinol
El sábado 7 de enero de 2023, Aly Domínguez y Jairo Bonilla, de 38 y 28 años respectivamente, fueron asesinados mientras trabajaban. Ambos eran cobradores de pagos para una empresa de televisión por cable. En esa tarea se encontraban cuando recibieron varios balazos al salir de la comunidad vecina de Concepción; se dirigían de regreso a Guapinol, a bordo de una motocicleta.
Ambos eran defensores del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, y de los ríos Guapinol y San Pedro. Junto a otra treintena de líderes ambientales, habían denunciado amenazas de la empresa minera Inversiones Los Pinares del Grupo Emco Holding.
El informe policial establece que el móvil del crimen corresponde a un presunto asalto. Las autoridades afirman que los defensores “fueron interceptados por unos individuos para asaltarlos”, dispararles en reiteradas ocasiones y darse a la fuga.
La comunidad no cree en esa versión, de acuerdo con Reynaldo Domínguez, también beneficiario de medidas de protección, quien se define como “hermano de sangre de Aly y hermano de lucha de Jairo”.
“En la escena del crimen fue encontrada la motocicleta en la que se conducían, sus teléfonos, el dinero que ellos andaban cobrando y que fue entregado al propietario de la empresa, posterior al entierro de los compañeros”, sostiene Juan Antonio López, coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, organización comunitaria fundada en 2015 para enfrentar los ataques a este territorio.
López resaltó que “los elementos para argumentar que fue un asalto, como lo dice el informe policial, quedan desvanecidos; por tanto, nosotros abrimos una siguiente hipótesis”. En eso coincide Reynaldo Domínguez, pues afirma que los cuerpos de los activistas fueron encontrados con un balazo en la sien. “Eso es un hecho con saña”, asegura.
El Comité por la Libertad de Expresión, insta al Estado hondureño a retomar las recomendaciones de la Relatoría Especial para la libertad de Expresión y la Comisión de Derechos Humanos para asegurar que se adopten medidas de protección, efectivas y concretas, en forma urgente, para garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ya sea que las amenazas provengan de agentes del Estado o de particulares.
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