Tegucigalpa, Honduras.- El Informe Anual de Libertad de Expresión (ILE) Las palabras importan, ¡Protejamos la sana crítica!, desarrollado por el Comité por la Libre Expresión (CLibre) brinda un panorama situacional de los derechos a la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información pública en Honduras durante los últimos 18 meses, en el que destaca la necesidad de darle la importancia debida a quienes con sus palabras denuncian, critican, cuestionan, enfrentan o posicionan los temas de interés nacional y la sana crítica para demandar derechos.
Aunque durante el primer año del actual gobierno la sociedad civil observó algunos avances democráticos como la derogación de la llamada “Ley de Secretos” observamos graves estancamientos en las discusiones por parte del Congreso Nacional para despenalizar los denominados “delitos contra el honor” además existen retrocesos sobre los pequeños pasos dados, como la obstrucción informativa especialmente en el Congreso Nacional, el aumento de las solicitudes de declaratorias de secretividad y el anuncio el 17 de octubre por parte de la Secretaría de Seguridad de las detenciones de personas que realicen tomas en la vía pública.
Entre enero de 2023 y julio de 2024, a pesar de una leve disminución del número de las alertas publicadas, se registraron cinco asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, y más de 199 agresiones cometidas contra 64 medios de comunicación.
Mientras las acciones de violencia, intimidación, amenazas y bloqueos informativos parecen seguir los mismos patrones de años anteriores, existe un nuevo espacio público, donde se trasladan y potencian las mismas, las redes sociales. Se destaca el aumento de los señalamientos públicos, especialmente en redes sociales a periodistas y activistas sociales a quienes diversos funcionarios públicos han estigmatizado con fuertes señalamiento, especialmente cuando se hace cobertura de hechos relacionados con corrupción.
“La impunidad total en los procesos de investigación y de acceso a la justicia, como factores centrales que contribuyen a poner en riesgo la vida de quienes ejercen el periodismo y la comunicación social. Hasta ahora solo 8 de los 112 casos han sido judicializados y en los que se tiene identificado, al menos, a los autores materiales de estos hechos. Produciendo una tasa de impunidad muy elevada y preocupante. Más del 95 por ciento de los casos continúan bajo la impunidad, sostiene la Dirección Ejecutiva de C-Libre.
- Henry López, 22 marzo de 2024
- Douglas Enrique Arce, 03 de junio 2024
- Luis Alfonso Teruel Vega, 28 de enero 2024
- Francisco Ramírez Amador, 21 de diciembre 2023
- Carlos Gerardo Barahona, 30 de enero 2024
Una encuesta nacional con la participación de 156 periodistas y defensores de derechos humanos en 2024 revela que solamente el 23.74% de los encuestados indicó haber recurrido al mecanismo nacional de protección, en algún momento debido a amenazas recibidas.
A poco menos de nueve años de la creación del MNP en Honduras, una instancia surge en 2015 como una demanda desde la sociedad civil para que el Estado cumpla con su responsabilidad sobre la salvaguardia de la vida e integridad de quienes desempeñan roles cruciales para la democracia, la implementación de medidas físicas y de acompañamiento policial-militar son insuficientes para garantizar la vida de los periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos y operadores de justicia.
Una de las muestras más recientes de que hay mucho más por hacer desde la corresponsabilidad estatal son los asesinatos de del periodista, Francisco Javier Ramírez, fue asesinado el 22 diciembre de 2023 en Danlí, una ciudad al oriente de Honduras, tras sobrevivir un atentado meses antes y bajo el resguardo policial.
Así como el del defensor del río Guapinol, Juan López, asesinado el 14 de septiembre de 2024, en horas de la noche, cuando estaba saliendo de la iglesia de la colonia Fabio Ochoa, en Tocoa, departamento de Colón.
Al cierre de este informe al menos dos personas habían sido detenidos como supuestos autores materiales de sus muertes, sus casos continúan bajo investigación.
DURANTE 2023 Y 2024, CERCA DE DOS TERCIOS DE LOS INCIDENTES REGISTRADOS FUERON ACTOS DE VIOLENCIA
En el año 2023, el acceso a la justicia para las comunidades indígenas, los movimientos sociales y las comunidades garífunas ha sido un tema crítico, reflejado en las alertas emitidas que evidencian diversas violaciones a sus derecho. Las estadísticas muestran que la violencia continúa siendo el principal flagelo, representando un alarmante 78.9% de las alertas registradas. Este dato resalta la grave situación de inseguridad y riesgo que enfrentan estas comunidades en su lucha por la defensa de sus derechos y territorios.
Ante la creciente amenaza de la violencia en línea, las mujeres periodistas, cuentan con pocas herramientas para hacerle frente a los ataques, abusos o amenazas que reciban en el ecosistema digital, proteger su privacidad, brindarle acceso a tratamiento postraumático, buscar rendición de cuentas y garantizar su labor sin autocensura.
El análisis de las alertas registradas por categorías en 2023 presenta un panorama alarmante sobre la libertad de expresión en Honduras. La distribución de las alertas revela que la violencia sigue siendo el principal desafío, representando un abrumador 76.4% del total de casos reportados. Esto evidencia que periodistas, defensores de derechos humanos y otros actores sociales enfrentan un entorno extremadamente hostil, marcado por agresiones físicas y psicológicas constantes.
