ALERTA 33-2026
Choluteca, Honduras (C-Libre).- El periodista Jairo López recibió un mensaje sobre la posible coordinación de acciones que se estarían realizando para terminar con su vida. López, ejerce labores informativas en la ciudad de Choluteca a través de su espacio “El Informador”.
De acuerdo con la información documentada, el comunicador recibió un mensaje intimidatorio desde un número desconocido, en el que se le advierte sobre la existencia de un supuesto ofrecimiento económico para atentar contra su vida. En el mensaje se señala explícitamente que se estarían ofreciendo “500 mil pesos por su cabeza” y también vincula actores del entorno político local.
Cabe señalar que semanas atrás, el periodista Jairo López, junto a su colega Leonardo Pineda, fueron objeto de obstrucción informativa cuando intentaban dar cobertura a un evento público en el que participaba el alcalde de Choluteca, Eber Aplicano. Al respecto, trasciende en una pieza audiovisual que un servidor público municipal, en Choluteca, intenta impedir que López y Pineda ingresaran a recabar información de un evento en que participaba el alcalde de Choluteca.
Durante este incidente, simpatizantes políticos presentes en el lugar profirieron expresiones estigmatizantes contra el periodista, calificándolo como “ñangara”, término utilizado de forma peyorativa para desacreditar su labor y posicionamiento, evidenciando un ambiente de hostilidad y polarización que pone en riesgo el ejercicio periodístico.
A consideración del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) la amenaza recibida por el periodista Jairo López se enmarca en un patrón preocupante que combina estigmatización, obstrucción informativa y escalamiento hacia amenazas directas, configurando un entorno de alto riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión.
Además este señalamiento público, la deslegitimación del periodista y las restricciones a su labor crean condiciones propicias para que otros actores violentos consideren legítimo atentar contra su integridad, por otro lado este tipo de dinámicas no solo afectan a la persona directamente amenazada, sino que generan un efecto inhibidor sobre otros comunicadores en la región. Así mismo, la posible vinculación de actores políticos en el contenido de la amenaza agrava aún más la situación, al sugerir un uso indebido de poder o influencia para intimidar y silenciar voces críticas.
Desde las oficinas de C-Libre recordamos a la militancia de los partidos políticos en Honduras y demás servidores públicos que la Constitución de la República de Honduras, en sus artículos 72 y 73, garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información, prohibiendo cualquier forma de restricción o censura. Asimismo, estándares internacionales establecen que las amenazas contra periodistas constituyen una forma grave de violencia que el Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar, garantizando la protección efectiva de quienes ejercen esta labor.
Finalmente consideramos que se amerita una investigación inmediata y exhaustiva de las amenazas contra el periodista Jairo López. La adopción de medidas urgentes de protección para salvaguardar su vida e integridad. Una aclaración pública de los hechos previos de obstrucción informativa y estigmatización que fueron objeto Jairo López y Leonardo Pineda y en general concretar garantías para el libre ejercicio del periodismo en el departamento de Choluteca.
El equipo técnico se comunicó al número del que enviaron el mensaje y también con el alcalde de Choluteca, Eber Aplicano, pues de él se estarían refiriendo en el mensaje; pero en ambos casos no hubo respuesta a la comunicación de esta organización que promueve y defiende la Libre Expresión en el país.
C-Libre reitera su firme compromiso con la defensa de la libertad de expresión y la protección de periodistas en Honduras. Ante estos hechos, la organización se mantendrá en vigilancia permanente del caso, dando seguimiento a las acciones de las autoridades y acompañando al periodista afectado. La escalada de agresiones, desde la estigmatización hasta las amenazas directas, representa una grave afectación no solo a derechos individuales, sino al derecho colectivo de la sociedad a estar informada.
