ALERTA 37-2026
La Paz, Honduras (C-Libre).- María Felícita López, reconocida defensora de la Tierra y del Territorio en el país, fue víctima de un allanamiento ilegal y de actos de intimidación por parte de al menos 15 elementos de la Policía Nacional, quienes acompañados por un civil con indumentaria militar identificado como activista político del Partido Nacional irrumpieron de manera violenta en la vivienda de la defensora.
Este hecho, en contra la lideresa indígena lenca, evidencia un patrón de intimidación, violencia de género y alto riesgo para la defensa del territorio en Honduras y se llevó a cabo en la aldea San Isidro del Volcán, municipio de Santa Elena, departamento de La Paz, zona fronteriza con El Salvador.
De acuerdo con información documentada por Defensores en Línea, en el momento de los hechos, únicamente se encontraba un niño, (12) hijo Felicita quien tiene una discapacidad visual, el que fue intimidado, interrogado y amenazado. Según testimonio del menor, los agentes ingresaron derribando la puerta a patadas, revisaron pertenencias personales; incluidos documentos familiares.
Ver reporte: https://www.defensoresenlinea.com/policia-allana-casa-de-defensora-lenca-felicita-lopez/
En comunicación con el equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Felicita López comentó que las actividades de persecución e intimidación también trascendieron a viviendas cercanas, de personas de la tercera edad (75 años), incluyendo la manipulación de armas y artefactos lacrimógenos frente a pobladores, ante cuestionamientos de autoridades indígenas locales sobre la legalidad del ingreso, los agentes respondieron: “nosotros somos la autoridad y vamos a andar donde queremos”, dijeron testigos.
Según López, en la descripción de lo sucedido que detrás del allanamiento podría estar vinculado, Willian Pereira, alcalde de esa comunidad del Partido Nacional, quien ha manifestado su molestía por la defensa de la Tierra y del Territorio que Felicita lidera en la zona. “Estamos luchando por nuestros derechos ancestrales, no somos narcotraficantes ni delincuentes sino defensores de bienes comunes por el bien de las presentes y futuras generaciones”
Se sabe que este hecho no es aislado, puesto que la lideresa María Felícita López, ha sido objeto de agresiones previas, incluyendo un allanamiento en 2015 en el que participaron fuerzas policiales, militares y civiles, con denuncias de violencia contra mujeres y menores. Debido a estos antecedentes, la defensora fue beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las que se retiraron el año pasado, lo que agrava la responsabilidad del Estado hondureño en garantizar su protección.
De acuerdo con la denuncia, los hechos recientes podrían estar vinculados a su labor de defensa del territorio frente a proyectos de desarrollo promovidos en la zona, así como a tensiones con autoridades municipales de Santa Elena y la comunidad indígena ya había advertido sobre posibles represalias contra integrantes del Concejo Indígena.
Trasciende que el caso de María Felícita López no es un hecho aislado, puesto que en la misma región de Santa Elena, La Paz, la lideresa indígena Ana Mirian Romero fue víctima de allanamientos y amenazas en 2015, lo que derivó en la adopción de medidas cautelares por la CIDH.
Así mismo, Honduras se mantiene como uno de los países “más peligrosos” de América para la defensa del medioambiente y el territorio, con al menos 103 asesinatos de activistas entre 2015 y 2025, según un informe difundido a inicio del presente año 2026.
Casos como los de Berta Cáceres, Lesbia Urquía y defensores de Guapinol evidencian un patrón sistemático de agresiones contra quienes defienden el territorio, incluso cuando cuentan con medidas de protección internacional.
Para el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el hecho adquiere especial gravedad considerando las condiciones de aislamiento de la comunidad, por ejemplo sin acceso a carreteras, energía eléctrica ni cobertura de telecomunicaciones; lo que limita la posibilidad de documentación y denuncia inmediata de estos actos.
Por otra parte, se denota una acción de violencia con enfoque de género y contra la niñez, de ahí que este hecho adquiere una dimensión agravada al considerar que:
Se trata de una mujer indígena defensora del territorio, históricamente expuesta a mayores niveles de violencia estructural.
La acción se ejecuta en ausencia de la líder indigena, lo que generó una situación de vulnerabilidad a un menor de edad, produciéndose un acto de violencia psicológica contra la niñez, agravado por la condición de discapacidad visual del menor.
Se vulnera el espacio doméstico, que para las mujeres representa un ámbito de seguridad, convirtiéndolo en un lugar de agresión.
Luego de un análisis del caso, el equipo técnico y legal de C-Libre, coinciden que este tipo de acciones no solo buscan información o control territorial, sino que constituyen mecanismos de intimidación diferenciada dirigidos a mujeres lideresas, con el objetivo de quebrar su rol comunitario y su liderazgo.
Es de hacer notar que este caso se inscribe en un patrón más amplio de violencia contra defensoras en Honduras, puesto que en la misma región, la lideresa Ana Mirian Romero enfrentó allanamientos y amenazas. A nivel nacional, casos como el de Berta Cáceres evidencian que las mujeres defensoras del territorio enfrentan violencias diferenciadas**, que incluyen: Criminalización, estigmatización, amenazas contra sus familias y ataques dirigidos a su rol como cuidadoras y lideresas
El asesinato de la defensora Lesbia Urquía en La Paz refuerza que esta región representa un territorio de alto riesgo para mujeres defensoras. Conozca más datos de este asesinato, según cobertura informativa de organizaciones internacionales: https://im-defensoras.org/2016/07/alertadefensoras-honduras-asesinada-lesbia-janeth-urquia-defensora-ambientalista-integrante-del-copinh/
El allanamiento no solo constituye una violación legal, sino un acto que refleja cómo la violencia contra defensoras indígenas incorpora dimensiones de género, buscando desarticular procesos organizativos mediante el miedo, la intimidación familiar y la vulneración del entorno doméstico.
Este tipo de agresiones tiene un efecto inhibidor no solo individual, sino colectivo, especialmente sobre otras mujeres que participan en procesos de defensa territorial.
De cara a este allanamiento ilegal de por lo menos 15 elementos de la Policía Nacional, quienes acompañados por un civil con indumentaria militar identificado como activista político del Partido Nacional, contra una líder indígena, C-Libre considera pertinente que:
Se investigue, lo sucedido, de manera inmediata con enfoque de género
Se de protección integral para María Felícita López y su núcleo familiar
Se concreten garantías específicas para mujeres defensoras indígenas
Se respeto a estructuras comunitarias
Se cumplan efectivamente las medidas cautelares
Como organización que promueve y defiende la Libre Expresión, C-Libre hará los procesos del caso ante organismos internacionales, incluyendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para dar el seguimiento prioritario a este caso.
