ALERTA 83-2026
El Zamorano, Honduras (C-Libre).- La protesta de conductores de transporte pesado contra el continuo incremento del precio de los combustibles derivó en un episodio de confrontación con agentes de la Policía Nacional en la zona de El Zamorano, al oriente de Honduras, donde uno de los manifestantes fue detenido durante el desalojo de la vía pública.
De acuerdo con la descripción proporcionada por Freddy Lagos, uno de los dirigentes del transporte pesado que participaba en la protesta, los agentes policiales procedieron al desalojo de los manifestantes sin que, según su versión, existiera apertura para el diálogo.
El hecho que genera particular preocupación es la detención de uno de los conductores de transporte pesado, cuyo nombre aún se desconoce y quien fue trasladado en la paila de una de las patrullas que llegaron al lugar. Según la información disponible, el detenido sería acusado de obstrucción de la vía pública y agresiones contra agentes policiales, hasta el momento no se ha podido establecer su identidad ni el lugar al que fue trasladado.
La versión policial sostiene que el detenido habría agredido al comisionado policial Maradiaga Flores con piedras. El funcionario afirmó ante medios de comunicación que uno de los agentes resultó herido en la cabeza por el impacto de una piedra. Esta versión, sin embargo, corresponde a la explicación ofrecida por las autoridades y requiere ser contrastada con otras fuentes para establecer las circunstancias concretas en que se produjo la confrontación y la posterior detención.
El desalojo fue descrito por medios de comunicación como una confrontación de considerable intensidad, con utilización de bombas lacrimógenas y lanzamiento de piedras. Uno de los agentes que participó en el operativo, cuya identidad tampoco fue establecida, se limitó a señalar que lo ocurrido constituía “gajes del oficio”.
Para los dirigentes del transporte pesado, el conflicto está lejos de haber concluido, Lagos sostuvo que las acciones de protesta continuarán debido al impacto que tiene el precio del diésel sobre las operaciones del sector. “No puede seguir operando rojo”, afirmó al referirse a los costos que enfrenta el transporte pesado, al tiempo que cuestionó la manera en que el Gobierno estaría abordando la situación.
Señal de alerta
Para el Comité por la Libre Expresión, la detención de un manifestante en el marco de un operativo de desalojo, sumada a la imputación de delitos vinculados con la protesta y a un contexto de confrontación entre manifestantes y fuerzas policiales, constituye una señal que requiere seguimiento.
La principal preocupación se relaciona con el posible uso de mecanismos penales frente a expresiones de protesta social motivadas por el impacto económico del alza de los combustibles, por lo tanto resulta necesario observar la situación jurídica del detenido, las condiciones en que se produjo su detención, el lugar donde permanece, los cargos que finalmente le sean imputados y si existen elementos objetivos que sustenten las acusaciones formuladas por las autoridades.
Asimismo, debe mantenerse vigilancia sobre la continuidad de las movilizaciones anunciadas por el sector transporte y sobre la respuesta de las autoridades ante nuevas acciones de protesta, particularmente para determinar si se producen nuevas detenciones, actos de violencia, restricciones desproporcionadas o afectaciones a periodistas y comunicadores que documenten estos acontecimientos.
C-Libre recomienda a las autoridades competentes garantizar el debido proceso y los derechos del manifestante detenido, informando de manera inmediata sobre su identidad, lugar de traslado, situación jurídica y los cargos que se le atribuyen. Asimismo, cualquier acusación por agresiones contra agentes policiales debe ser investigada de manera objetiva e independiente, evitando que la utilización del derecho penal se convierta en un mecanismo de intimidación o criminalización frente al ejercicio del derecho a la protesta social.
De igual manera, C-Libre hace un llamado a las autoridades a privilegiar el diálogo y la búsqueda de acuerdos antes de recurrir al uso de la fuerza para disolver manifestaciones, particularmente cuando estas se desarrollan en un contexto de demandas sociales y económicas. Finalmente, las actuaciones policiales deben observar los principios de necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos, garantizando además condiciones para que periodistas, comunicadores y defensores puedan documentar los acontecimientos sin sufrir agresiones, amenazas o restricciones en el ejercicio de su labor.
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