Alerta No. 080-2019
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Las fuerzas policiales desataron su ataque contra las manifestaciones en tres puntos del país, causando graves daños a niños y niñas de un centro escolar, este viernes 12 de julio.
En horas de la mañana, una toma en el puente Ramón Fiallos, sobre el río Leán, departamento de Atlántida, fue violentamente desalojada por fuerzas policiales. Asimismo, fue detenido un miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), liberado dos horas después.
Mientras que, en Jícaro Galán, departamento de Valle, además del gas lacrimógeno, una movilización fue reprimida con las detonaciones de balas, de acuerdo con un video reproducido por el canal Metro Tv en sus redes sociales.
En la zona sur, existe un panorama adverso para los derechos a la libertad de expresión y protesta pacífica. Un ejemplo es el asesinato del periodista Gabriel Hernández, el pasado 17 de marzo, en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, quien se caracterizó por ser un comunicador crítico a la gestión de las autoridades municipales. Su caso aún permanece impune.
Mientras que el 11 de abril, fue asesinado Wilfredo de Jesús Moncada, de 17 años, producto de un disparo en su cabeza, cuando efectivos policiales reprimían violentamente una movilización en la ciudad de Choluteca.
Cerca de mediodía, en Tegucigalpa, una movilización convocada por la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación que culminó con una toma del boulevard Fuerzas Armadas, terminó, igualmente en represión policial.
El uso indiscriminado del químico produjo severos daños en niños y niñas que recibían sus clases en el Centro de Investigación e Innovación Educativa (CIIE), adscrito a la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” (UPNFM).
Videos reproducidos por medios de comunicación y redes sociales, dan cuenta del daño causado en los menores, quienes resultaron afectados en sus vías respiratorias. En los últimos días, las fuerzas policiales y militares han violentado tanto las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Universidad Pedagógica, donde el sector estudiantil forma parte de las movilizaciones en favor de las demandas propuestas en defensa de la salud y la educación en el país.
Para condenar este hecho, el sábado 13, un grupo de universitarios se tomaron el bulevar Fuerzas Armadas siendo fuertemente reprimidos por la policía.
Estudiantes de secundaria en la capital que se han sumado a las protestas sociales también son víctimas de represión policial y de autoridades de los centros educativos como el Instituto Central “Vicente Cáceres” y el Instituto Técnico Honduras (ITH).
En el caso del ITH, su director, Nelson Cálix, desatiende las demandas de mejora en la infraestructura y falta de material para asignaturas del instituto.
De igual forma ha descalificado las protestas del estudiantado y emprendió una serie de descalificativos contra organizaciones de derechos humanos, como lo hizo el pasado 04 de julio la emisión de un noticiero de la corporación Televicentro.
“Los estudiantes han sido inducidos por personas interesadas en otros sectores más que en el Técnico Honduras, lo único que quieren es interrumpir las clases”. Sobre las organizaciones de derechos humanos, aseguró que “en algunos casos nos preocupa que estas personas que trabajan en ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) los hemos visto dando dinero, cosa que me parece ya son adultos, es abuso usar menores para fines particulares”.
Un informe presentado por Amnistía Internacional, el cinco de julio reciente, evidenció que las manifestaciones entre abril y junio, dejaron un saldo de seis personas fallecidas y casi 80 heridas. Del total de fallecidos, dos tratan de personas asesinadas a manos del ejército y policía militar, seis personas heridas, cuatro de ellos por arma de fuego.
El derecho a manifestarse está contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos, en los artículos 13, 14 y 15, respectivamente.
