Alerta No. 103-2020
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- El periodista Aldo Romero, denunció este jueves 20 de agosto que la Junta Interventora de Inversiones estratégicas de Honduras (INVEST-H), impuso una nueva restricción al acceso de información luego que, al solicitar una entrevista, solicitaran un envío de preguntas y ser contestadas posteriormente en un video.
En la emisión del Noticiero “Hoy Mismo”, en su edición matutina, Romero intentó comunicarse con el vocero de la Junta Interventora, Gustavo Boquín, y a través de un mensaje, la respuesta textual fue que “por la carga de trabajo no podre estar dando entrevistas personalizadas… les solicito enviar sus preguntas, estas serán consolidadas, las respondere en video…”.
“Como periodista me opongo a enviar un cuestionario de preguntas a nadie, más a funcionarios públicos que deben comparecer ante la ciudadanía y responder las interrogantes que generemos”, dijo el periodista, entrevistado por C-Libre.
Romero añadió que lo anterior se convierte en una serie de acciones restrictivas al ejercicio periodístico, contando como antecedente la prohibición de cobertura al desembarco de los hospitales móviles y su armado en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Además, señaló que los comunicados de prensa emitidos por INVEST-H “son muy escuetos”.
El pasado 23 de julio, fue nombrada la junta interventora de Inversiones Estratégicas de Honduras, integrada por José Ernesto Leva Bulnes, José Gustavo Boquín y José Alberto Benítez, quienes asumen por 180 días, luego que renunciaran al cargo Marco Bográn (nombrado director en enero de 2011) y Evelyn Bautista (menos de un mes en su cargo).
C-Libre registra el tercer acto de obstrucción a la labor informativa por parte de esta institución estatal. Anteriormente, se negó la cobertura en terreno del desembarco de los hospitales móviles en Puerto Cortés, el pasado 09 de julio. Mientras que, el día 27 del mismo mes, en un comunicado prohibió la presencia de periodistas, fotógrafos y camarógrafos, al proceso de traslado e instalación de un hospital móvil en la ciudad de San Pedro Sula, al norte del país.
Por ello, el periodista Aldo Romero afirmó que, en su caso, “no enviaría un cuestionario por no ser una práctica periodística sana”. Al tiempo que, hizo la denuncia en el medio de comunicación para trasladar esta práctica de limitar la información y para que los funcionarios que integran la junta interventora comparezcan ante los medios de comunicación y la ciudadanía.
Referente al tema, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), emitió el pasado 28 de julio, el oficio DC-IAIP 091-2020, en el cual hizo un llamado de atención a las autoridades de INVEST-H para que garanticen la cobertura de los y las periodistas y garanticen el acceso a la información hacia la ciudadanía.
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su informe Periodismo, libertad de prensa y COVID-19, señala que una de las restricciones adoptadas por los gobiernos hacia la prensa es el derecho de acceso a la información. “Este derecho constituye la otra cara del derecho a la libertad de prensa, y destaca la importancia de que los gobiernos pongan a disposición la máxima información posible”, añade.
La resolución 1/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), titulada Pandemia y Derechos Humanos establece la obligación de las autoridades de permitir el acceso a las conferencias de prensa oficiales a todos los medios, sin discriminación por línea editorial.
