Alerta No. 136-2020
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Al cumplirse dos años, el periodista Geovanny Sierra denunció como se mantienen en impunidad el atentado en su contra, así como severas complicaciones médicas durante el presente año.
Sierra, entrevistado por C-Libre, dijo que sus gastos médicos han crecido, específicamente durante 2020. Añadió que, desde el pasado mes de agosto, producto de la pandemia por COVID-19, su contrato fue suspendido en UNE TV, donde era reportero.
“Casi todos los meses estoy yendo a consulta médica y se hizo necesaria una cirugía a la que fui sometido el pasado 12 de noviembre”, narró el periodista.
Esta última cirugía, aseguró Sierra, se debió a que su brazo derecho (donde tiene la lesión) rechazó dos de tres placas de titanio y 12 tornillos del mismo material, ya que no pudieron fijarse a su brazo y permitir un proceso para recuperar la movilidad.
Por otra parte, el hecho criminal permanece impune, ya que el Ministerio Público (MP). De acuerdo con una nota del diario digital Criterio, el periodista argumentó la existencia de falta de interés para investigar y llevar a los responsables del hecho criminal en su contra.
Declaraciones que no aparecen, dictámenes de Medicina Forense, desprotección por parte del Mecanismo Nacional de Protección, tiene en alarma al periodista afectado.
El periodista Geovanny Sierra, fue atacado a tiros desde un autobús asignado al Instituto Nacional Penitenciario (INP), el 26 de noviembre de 2018, cerca de las seis de la tarde, cuando daba cobertura informativa a un ataque policial contra manifestación que protestaban en el marco del primer aniversario del proceso electoral que permitió la reelección presidencial del señor Juan Orlado Hernández.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre Honduras, publicado en el año 2019, puntualizó que, en el contexto de protestas hacia el proceso electoral de 2017, “periodistas y medios de comunicación fueron objeto de amenazas y agresiones”.
De acuerdo con la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, de la CIDH, los Estados tienen el deber de “investigar, juzgar y sancionar a todos los autores de los delitos contra comunicadores, tanto los materiales como los intelectuales, además de partícipes, colaboradores y encubridores”.
