ALERTA 15-2026
Santos Guardiola, Islas de Bahía (C-Libre).- Ante la exigencia de justicia y respuesta ante una agresión presuntamente cometida por un ciudadano extranjero contra un adulto mayor, pobladores de la comunidad de Politilly Bight, en el municipio de José Santos Guardiola, departamento de Islas de la Bahía, protagonizaron una toma de la carretera principal y quemas de llantas.
Según relatos difundidos en redes sociales y videos de medios locales, los habitantes manifestaron su rechazo contra el comportamiento intolerante del extranjero, al que acusan de hostigar y obstaculizar el paso comunitario. Pese a que la protesta se planteó como una acción comunitaria para demandar justicia y soluciones al conflicto local, autoridades policiales disolvieron la protesta con el uso de la fuerza y posteriormente persiguieron a algunos manifestantes con la intención de detenerlos, al momento no se ha clarificado oficialmente la razón o procedimiento bajo el cual se actuó.
A consideración del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) las manifestaciones pacíficas para exigir justicia ante hechos lesivos forman parte del ejercicio de derechos civiles y políticos como la asociación y reunión pacífica, de ahí que resulta preocupante la cooptación y criminalización de la protesta social, puesto que existen indicios de que la narrativa pública podría estar siendo orientada hacia la criminalización de los manifestantes, desviando la atención del hecho denunciado —la agresión al adulto mayor— y trasladando el foco hacia posibles delitos derivados de la protesta; este patrón constituye una forma de cooptación o deslegitimación de la protesta social, que vulnera derechos fundamentales.
Al respecto, féminas indignadas por la situación exigieron el respeto de sus derechos “acaso por ser negros ¿no tenemos derechos?”, fueron algunas de las expresiones públicas que trascendieron en las redes sociales en el marco de la disolución de la protesta en el departamento insular de Honduras.
Ver publicación: https://www.facebook.com/watch/?v=791138190013128
Otras de las situaciones inquietantes es el uso desproporcionado de la fuerza o intimidación policial, al darse la persecución de manifestantes sin información oficial sobre detenciones formales, órdenes judiciales o flagrancia genera preocupación sobre posibles excesos en el uso de la autoridad.
Sin confirmación alguna, pero a C-Libre le resulta inquietante el riesgo de represalias judiciales selectivas a través de la posible apertura de procesos penales contra líderes comunitarios o participantes en la manifestación podría configurar un escenario de criminalización del derecho a la protesta.
Exigencias y recomendaciones de C-Libre:
- Que la Policía Nacional informe públicamente las razones legales de cualquier acción de persecución o detención.
- Que el Ministerio Público investigue de manera imparcial la agresión denunciada contra el adulto mayor.
- Que se garantice la protección de los líderes y participantes comunitarios frente a represalias judiciales.
- Que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) verifique posibles vulneraciones a derechos humanos en el marco de la protesta.
- Que las autoridades municipales y departamentales faciliten mecanismos de diálogo comunitario para evitar la escalada del conflicto.
Finalmente, la protesta social constituye un mecanismo legítimo de exigibilidad de derechos en contextos donde las comunidades perciben ausencia de justicia o respuesta institucional, por lo tanto; criminalizar y deslegitimar no solo agrava el conflicto, sino que debilita el Estado de Derecho.
