Tegucigalpa, Honduras (C-libre).- Carlos Girón y Marcel Osorto, del medio de comunicación ICN Investiga, son los profesionales de periodismo quienes entre marzo y abril de 2026 son víctimas de una escalada de violencia, amenazas, actos de intimidación y atentados armados.

De acuerdo con información documentada por la Red Centroamericana de Periodistas (RCP) y relatos difundidos por ICN, en un periodo menor a un mes ambos periodistas han sido víctimas de una serie de agresiones que evidencian un patrón sistemático de hostigamiento, directamente vinculado a su labor de investigación periodística sobre presuntos actos de corrupción a nivel local.

Sobre el caso, trasciende que los hechos más graves han sido contra el periodista Carlos Girón, quien la noche del 10 de marzo de 2026 fue víctima de un ataque armado. Sujetos desconocidos realizaron múltiples disparos en las inmediaciones de su vivienda, dejando su vehículo con al menos tres impactos de bala, marcando el inicio de una secuencia de agresiones que fue escalando en intensidad y riesgo.

Puesto que el 11 de marzo, un día después de haber interpuesto la denuncia correspondiente, el vehículo del periodista fue embestido por una motocicleta cuyo conductor se dio a la fuga, en un hecho que refuerza la hipótesis de seguimiento y vigilancia sistemática.

La situación alcanzó un nivel crítico el 25 de marzo, cuando Girón fue perseguido por individuos no identificados que se movilizaban en un vehículo tipo pick-up y al ser interceptado cerca de su residencia, uno de los sujetos le apuntó con un arma de fuego desde el interior del vehículo. Producto de su destreza, el periodista logró maniobrar en reversa utilizando su automóvil como protección, mientras el agresor efectuó entre siete y diez disparos sin lograr impactar.

Posteriormente, al intentar retornar a su vivienda, el periodista constató que el mismo vehículo bloqueaba la única vía de acceso, lo que lo obligó a huir para resguardar su vida, vale señalar que estos hechos constituyen no sólo actos de intimidación, sino un intento de atentado contra la vida del periodista, lo que se configura como una situación de riesgo extremo.

Producto de esta escalada de acciones violentas, el 30 de marzo, Girón acudió al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) para interponer una denuncia formal y ampliar su expediente por amenazas, intimidación y riesgo a su integridad personal.

El otro de los casos, es lo vivido por el periodista Marcel Osorto quien ha sido objeto de intimidación indirecta y presiones tras la publicación, el 23 de marzo, de un reportaje de ICN Investiga que revela un presunto desvío de más de 64 millones de lempiras por parte del alcalde de Nueva Armenia, en el departamento de Francisco Morazán.

Según la documentación disponible, posterior a dicha publicación se habrían generado acciones de hostigamiento contra Osorto, incluyendo amenazas de querellas judiciales y presiones personales, presuntamente promovidas por terceros vinculados al funcionario señalado.

Ver nota informativa generada por equipo de prensa en ICN: http://Periodistas de ICN Investiga, víctimas de atentados y amenazas; RCP exige protección inmediata – ICN DIGITAL https://share.google/gVVaqPJJHDuIfDd0z

Como parte del proceso para salvaguardar la integridad de los profesionales de periodismo investigativo en Honduras, el 14 de abril de 2026, ambos periodistas acudieron nuevamente ante el CONADEH, trasciende que posteriormente fueron remitidos al Mecanismo de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos, con solicitud de implementación de medidas cautelares.

El Comité por la Libre Expresión (C-libre) considera que este tipo de prácticas de violencia contra periodistas, constituye una forma de acoso judicial y presión indebida, orientada a inhibir el ejercicio del periodismo de investigación. Asi mismo advierte que estos hechos no son aislados, sino que se inscriben en un patrón de represalia contra el periodismo de investigación, particularmente cuando se exponen posibles actos de corrupción y abusos de poder a nivel local.

La secuencia de ataques, que incluye vigilancia, intimidación armada, daños a la propiedad, amenazas legales y presiones personales, refleja un intento sistemático de silenciar la labor informativa. Este patrón ha sido documentado en otros casos en el país, donde periodistas que investigan corrupción enfrentan escaladas progresivas de violencia, lo que configura un entorno de alto riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión.

La gravedad y progresividad de los hechos denunciados en este caso constituyen una señal de alarma sobre el deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo en Honduras, especialmente en contextos donde se investigan posibles actos de corrupción. La combinación de ataques armados, seguimiento, intimidación directa y presiones indirectas configura un escenario de riesgo extremo que exige una respuesta inmediata, contundente y coordinada por parte del Estado.

En este sentido, el Comité reitera que la protección de quienes ejercen el periodismo no es una concesión, sino una obligación jurídica ineludible, y hace un llamado urgente a las autoridades a garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la libertad de expresión, adoptando medidas efectivas de prevención, protección e investigación que eviten la repetición de estos hechos y salvaguarden el derecho de la sociedad a estar informada.

El Estado hondureño debe actuar con la debida diligencia reforzada que estos casos ameriten, a fin de evitar consecuencias irreparables, de ahí que ante la gravedad de los hechos, C-Libre demanda al Estado de Honduras:

  1. Garantizar la protección inmediata y efectiva de los periodistas Carlos Girón y Marcel Osorto, mediante la implementación urgente de medidas adecuadas por parte del Mecanismo de Protección.
  2. Investigar de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial los hechos denunciados, agotando todas las líneas de investigación, incluyendo su vinculación con la labor periodística.
  3. Identificar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de estos actos.
  4. Fortalecer institucionalmente el Mecanismo de Protección, asegurando su capacidad operativa y respuesta efectiva ante situaciones de riesgo.
  5. Garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo, absteniéndose de cualquier acción que pueda promover estigmatización o represalias.

C-Libre expresa su solidaridad con los periodistas afectados y con el equipo de ICN Investiga, y reitera que la libertad de prensa es un pilar fundamental de toda sociedad democrática, confirma que la violencia, intimidación o cualquier forma de presión contra periodistas constituye una grave violación a los derechos humanos y un atentado contra el derecho de la sociedad a estar informada.