Choluteca, Honduras (C-Libre). – Germán Chirinos, del Movimiento Ambiental Social del Sur por la Vida (MASSVIDA) alerta sobre las amenazas e intimidaciones dirigidas contra su persona luego de realizar publicaciones relacionadas con la destrucción del bosque en el área protegida de La Botija, en San Marcos de Colón, Choluteca.

Chirinos es un reconocido defensor del medio ambiente, en el sur del país. Y en ese sentido, en declaraciones al Comité por la Libre Expresión (C-Libre) dijo que el hecho se produjo después de que MASSVIDA difundiera publicaciones relacionadas con actividades de deforestación que, según la organización, se desarrollan en esa zona protegida.

Además, Chirinos es ampliamente conocido por su compromiso con los bienes comunes del sur que promueve en su roll de comunicador social y director de la emisora comunitaria, Savia Radio y por otro lado es beneficiario de medidas por parte del Mecanismo Nacional de Protección.

Cabe señalar que MASSVIDA es una organización que acompaña la problemática ambiental, en distintos lugares del departamento, desde hace varios años y aproximadamente hace dos años ha realizado visitas al lugar, La Botija, para constatar los daños ocasionados al bosque de pino. De acuerdo con su testimonio brindado a C-Libre, después de las publicaciones recibió una llamada telefónica en la que una persona le exigió retirar inmediatamente el contenido y le advirtió que, de no hacerlo, tendría que “atenerse a las consecuencias”.

Chirinos relató que durante la llamada explicó que MASSVIDA estaba difundiendo información que le había sido proporcionada por una fuente y que contaban con elementos que respaldaban la publicación. Sin embargo, la persona que lo contactó insistió en que los contenidos debían ser eliminados y amplió la advertencia al señalar que las consecuencias podían alcanzar también a quien había proporcionado el material.

La presión continuó mediante una segunda llamada. Según el relato de Chirinos, la persona le manifestó que había transcurrido aproximadamente una hora y que las publicaciones continuaban disponibles, cuestionando que el contenido permaneciera publicado debido al número de seguidores de la página de MASSVIDA.

Chirinos respondió que únicamente retiraría las publicaciones si la persona que había proporcionado el material se lo solicitaba. Posteriormente, explicó que la fuente, identificada como Don Eleazar, le manifestó que también estaba recibiendo amenazas de muerte y que ya había denunciado que, si algo le ocurría, se conocía de dónde podían provenir las amenazas.

Ante esta situación, el propio Chirinos decidió retirar los videos publicados, aunque mantuvo el texto del comunicado.

Para C-Libre, el hecho constituye un episodio de intimidación y amenaza contra el ejercicio de la libertad de expresión, debido a que la presión estuvo directamente dirigida a impedir que una organización de la sociedad civil continuara difundiendo información relacionada con un asunto de evidente interés público: la protección de los recursos naturales y la presunta destrucción de un área protegida.

C-Libre considera especialmente preocupante que la víctima sea beneficiaria de medidas del Mecanismo Nacional de Protección, lo que demuestra que previamente ha sido identificada dentro de un contexto que requiere protección estatal. Sin duda, la existencia de estas medidas obliga al Estado hondureño a adoptar acciones eficaces para prevenir nuevos hechos de intimidación y garantizar que las personas defensoras puedan continuar desarrollando su labor sin temor a represalias.

El hecho de que las amenazas no se hayan materializado físicamente hasta el momento no disminuye su gravedad, No obstante, la advertencia directa de que tendría que “atenerse a las consecuencias”, acompañada de la exigencia de retirar publicaciones y de una segunda llamada para verificar si el contenido continuaba disponible, configura un mecanismo de presión destinado a generar temor y modificar la conducta de la víctima.

Según explicó Chirinos, MASSVIDA y otras organizaciones de la sociedad civil del departamento de Choluteca han venido denunciando desde hace varios meses diferentes situaciones relacionadas con la destrucción del medio ambiente en la zona sur del país. En el caso específico de La Botija, MASSVIDA ha participado en reuniones de una fuerza de tarea interinstitucional integrada, entre otras instituciones, por el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), la Fiscalía del Ambiente y Cáritas.

La última reunión señalada por Chirinos se realizó el 15 de mayo de 2026, con la participación de las nuevas autoridades de las instituciones involucradas, para abordar la problemática relacionada con la destrucción del bosque.

El dirigente ambiental explicó que MASSVIDA ha cuestionado la aplicación de un plan de manejo otorgado a una empresa cooperativa de San Marcos de Colón. Según las personas afectadas que acompañan el proceso, dicho plan habría sido concedido de manera irregular y estaría afectando no solamente terrenos nacionales y bosque nacional, sino también propiedades privadas ubicadas dentro de una zona protegida.

Chirinos sostuvo además que la organización ha documentado en campo la situación y cuenta con imágenes que permiten comparar las condiciones anteriores del bosque con el estado actual de la zona.

Las publicaciones de agosto surgieron, según explicó, en el contexto de la emergencia nacional por sequía y del debate sobre las medidas adoptadas para enfrentar los efectos del cambio climático. MASSVIDA cuestionó que mientras se destinan recursos públicos para atender las consecuencias de la crisis climática, persistan situaciones de deforestación que contribuyen a profundizar sus causas.

Para C-Libre, la secuencia temporal de los acontecimientos resulta relevante: primero se difundieron las publicaciones sobre la presunta destrucción del bosque y posteriormente se produjo la llamada en la que se exigió su eliminación bajo una advertencia de consecuencias. A ello se suma que existen publicaciones y referencias que vinculan directamente a la persona que realizó las llamadas con su molestia por el contenido difundido.

C-Libre considera que este elemento debe ser investigado por las autoridades competentes para determinar las responsabilidades correspondientes, asi mismo la organización advierte que ninguna persona puede ser obligada mediante amenazas o intimidaciones a retirar información de interés público.

Las controversias derivadas de una publicación deben resolverse mediante los mecanismos legales correspondientes y no mediante presiones destinadas a silenciar a quienes informan, denuncian o defienden el medio ambiente. El caso también adquiere especial relevancia porque la presión no se limitó a cuestionar el contenido publicado, sino que estuvo acompañada de una exigencia concreta de eliminación y de una advertencia personal contra Chirinos y, posteriormente, contra la fuente que proporcionó el material.

C-Libre recuerda que la libertad de expresión protege no solamente la difusión de información favorable o aceptada, sino también aquella que puede resultar incómoda para determinados sectores o personas, especialmente cuando aborda asuntos relacionados con la gestión de los recursos naturales, la protección ambiental y posibles actuaciones de interés público.

  1. Investiguen de manera pronta, seria e imparcial las amenazas recibidas por Germán Chirinos y determinen la identidad y responsabilidad de quienes las realizaron.
  2. Fortalezcan y hagan efectivas las medidas de protección otorgadas a Chirinos por el Mecanismo Nacional de Protección, tomando en consideración este nuevo episodio de amenaza e intimidación.
  3. Garanticen que la labor de MASSVIDA y de las personas defensoras ambientales pueda desarrollarse sin amenazas, represalias ni actos de censura.
  4. Investiguen también las amenazas de muerte que, según el testimonio de Chirinos, habría recibido la persona que proporcionó el material utilizado en las publicaciones.
  5. Garanticen que las denuncias y publicaciones relacionadas con la protección del medio ambiente puedan ser difundidas sin que sus autores, fuentes o defensores sean objeto de represalias.

C-Libre reitera que la defensa del ambiente, la denuncia ciudadana y la difusión de información sobre posibles daños a áreas protegidas forman parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión y del derecho de la sociedad a conocer asuntos de interés público.

La amenaza de “atenerse a las consecuencias” no puede convertirse en un mecanismo para imponer silencio. En un Estado democrático, las diferencias frente a una denuncia pública deben resolverse mediante argumentos, investigación y procedimientos legales, no mediante intimidaciones dirigidas a obligar a una persona a retirar información.