Alerta No. 109-18
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- El periodista Rigoberto Mendoza fue citado vía celular, por un agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), para declarar sobre las manifestaciones contra la puesta en marcha de un proyecto hidroeléctrico en Guapinol, a unos 10 minutos de la ciudad de Tocoa, departamento de Colón.
En comunicación con C-Libre, Mendoza sostuvo que fue llamado a su teléfono celular por una persona que dijo ser de la DPI y que tenía un oficio del Ministerio Público (MP) para que fuera a rendir declaración.
Mendoza, produce y conduce el programa “Más noticias de Colon”, de lunes a viernes en el canal 22 de aquella ciudad.
En una reciente visita de la Coalición contra la impunidad, entre el 01 y 03 de noviembre, de este año, el periodista denunció ante una Comisión de Libertad de Expresión amenazas contra su trabajo, así como agresiones durante la cobertura al desalojo violento al campamento de Guapinol el 27 de octubre pasado.
El comunicador junto a otros colegas denunciaron ser objeto de represión al darle cobertura al desalojo violento (el 27 de octubre), donde participaron más de 1000 efectivos policiales y militares, contra un campamento, en defensa del rio Guapinol del interés por instalar una minera por parte de Inversiones Pinares S.A.
De igual forma declaró que fue victima de amenazas de muerte y seguimientos al salir de transmitir su programa. Asimismo, su hijo, el camarógrafo Erick Mendoza estuvo con daños a su salud, al ser víctima del gas lacrimógeno que lazó los elementos policiales y militares en el desalojo.
Reporteros sin Fronteras (RSF), a través del director para las Américas, Emmanuel Colombie, instó a las autoridades judiciales hondureñas que identifiquen y sancionen a los responsables de estos violentos ataques contra periodistas en Colón.
Por su parte el informe “Violencia contra periodistas y trabajadores de medios”, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), habla de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) destaca que la obligación de garantizar los derechos a la libertad de expresión y a la integridad personal “requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios a un mayor riesgo de actos de violencia”.
