Alerta 175-2016
Comité por la Libre Expresión (C-Libre). El Estado de Honduras, cumplió la amenaza de desalojo de los manifestantes convocados por el Partido Libertad y Refundación (Libre), a través de su coordinador general, el derrocado presidente, Manuel Zelaya Rosales.
En Tegucigalpa, la policía Nacional utilizó decenas de bombas lacrimógenas, tanquetas lanza agua y persiguió por varios kilómetros a los manifestantes, lo que dejó como resultado una persona menor de edad hospitalizada y 14 más detenidas, entre ellos dos menores. En la manifestación participaron también algunos miembros del Partido Anticorrupción (PAC).
La violencia utilizada en el desalojo contraviene lo establecido por la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos: «El derecho a manifestarse públicamente es un elemento esencial de la libertad de expresión. En muchas ocasiones, las protestas callejeras, los cortes de vías de comunicación o las reuniones públicas son el único mecanismo disponible para amplios sectores de la sociedad que no tienen o ven enormemente dificultado el acceso a los medios de comunicación masiva».
Cuestionados por defensores y manifestantes sobre el uso desmedido de la fuerza, los policías manifestaron en todo momento que cumplían órdenes superiores.
Las personas detenidas responden a los nombres de Mariano de Jesús Lanza, Junior Javier Rivas, Félix Martínez, Francisco Javier Cañadas, Mario Suazo Lara, Pedro Joaquín Amador, Pedro Acosta, Eduardo Calderón Bonilla, Isaac Alejandro Gómez, José Alberto Oliva, Ric Jordan Salgado, Brayan Alexander Ramírez, María Rafaela Pérez y Katia Kooper.
En el norte del país en el peaje de San Manuel, departamento de Cortés, fueron detenidos Jorge Carías y Juan Vásquez, informó Radio Progreso.
El viernes 30 de septiembre, el Ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, advirtió que desalojarían cualquier tipo de manifestación que pretendiera tomarse los peajes a nivel nacional.
Informes de diferentes medios de comunicación reportaron acciones de represión mediante el lanzamiento de gases lacrimógenos en el peaje a Puerto Cortes, en el de San Manuel y en Tegucigalpa.
Los estándares internacionales establecen que, «si bien es cierto que el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, debe hacerlo respetando los derechos de las personas, entre los que se encuentra el derecho a manifestase pacíficamente. Cuando la respuesta policial consiste en el uso de la fuerza de forma desproporcionada y no focalizada, sin atender a la magnitud de los desórdenes que se trata de controlar, y sin distinguir a las personas que provocan estos incidentes de manifestantes pacíficos; se vulneran los compromisos internacionales asumidos por los Estados en materia de derechos humanos».
