Alerta 198-2016
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- La defensora de los derechos territoriales del pueblo Garífuna, Medelin David Hernandez, fue “detenida y golpeada” por la policía denunció la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), en la comunidad de Guadalupe municipio de Santa Fe, departamento de Colón.
De acuerdo con un comunicado emitido por la organización, la detención ocurrió a “instancias del empresario canadiense Randy Jorgensen”, propietario de la empresa CARIVIDA, quién aduce ser propietario de un predio que defienden los garífunas como comunitario.
En horas de la tarde del día 10 de noviembre, fueron detenidos cinco miembros de la comunidad, sin embargo únicamente a Medelin David se le presentaron cargos por el delito de usurpación, informó la organización negra.
La defensora fue presentada ante un juzgado de la ciudad de Trujillo, donde le dictaron medidas sustitutivas de la prisión, “no acercarse al predio en cuestión, además de prohibición de salida del país y la obligación de presentarse al juzgado periódicamente”, informó la organización.
Según OFRANEH, la comunidad de Guadalupe interpuso una serie de denuncias ante la Fiscalía de las etnias por la venta de tierras de manera ilegal dentro de los perímetros de su título comunitario, desde el año 2008, sin que las autoridades hubieran tomado cartas en el asunto.
Jorgensen es acusado por el pueblo Garífuna de apoderarse “de buena parte de la bahía de Trujillo, deshaciendo los títulos comunitarios, los que tiene una salvaguarda para evitar la venta a foráneos, la que ha sido ignorada tanto por el Registro de la Propiedad del municipio de Santa Fe, como el Instituto de la Propiedad en la ciudad de Trujillo”.
Los garífunas han denunciado además las enormes presiones por parte de grandes empresarios hondureños y extranjeros que pretenden apoderarse de sus territorios, siendo las bahías de Trujillo y de Tela las más apetecidas “para la construcción de emporios turísticos, muchos de ellos dedicados al lavado de activos”
La prontitud de la ejecución de la orden de captura contra David ocurrida en tan sólo ocho días, contrasta con la lentitud y la tolerancia contra Jorgensen, a quien la fiscalía le presentó un requerimiento en diciembre del 2011 y fue hasta noviembre del 2015 que se presentó ante el juzgado.
Comité por la Libre Expresión
