Alerta 023-2017
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- El periodista Edgar Joel Aguilar, corresponsal de Canal 6 en Ciudad de La Entrada, municipio de Nueva Arcadia, Copán, fue amenazado de muerte a través de redes sociales, el pasado primero de febrero.
Aguilar, labora desde hace 14 años como presentador y reportero de la nota roja en Telemaya Canal 12, medio de comunicación con cobertura local y en donde el periodista también un espacio de entretenimiento denominado “Noches de Parranda”.
El periodista fue a interponer la denuncia a la Dirección Policial de Investigación (DPI), sin embargo la Policía se negó a recibirle la denuncia e investigar su caso.
Las amenazas fueron enviadas a través de mensajes de WhatsAppdesde el número+5049571-1186 así comouna cuenta en Facebook con el nombre de Carlos García. El mensaje más agresivo consiste en un ultimátum en donde se le otorgan seis días al periodista “para salir de canal 12”. El agresor también escribió: “estas detrás de una muerte y bos sabes bien…asi que ponete trucha si te agarra la calaca” (sic).
El 27 de abril del año 2012 a las 10:40 de la noche, Aguilar fue víctima de un atentado criminal cuando individuos le dispararon al menos en 28 ocasiones con fusiles R-15, del cual escapó con vida de milagro.
De acuerdo con la denuncia de la víctima, lo más preocupante es la similitud que existe entre la amenaza de sus agresores y la enviada al propietario del canal HCH hace menos de un mes en el que amenazaron con matar a dos de sus corresponsales si no despedía a una periodista.
“Me recuerda mucho el caso del asesinato de Igor Padilla, recuerde que ahí también pusieron un tiempo para que corrieran a otra colega y si no iban a matar a un periodista de la ciudad de San Pedro Sula y así sucedió con el asesinato de Igor Padilla” dijo él comunicador.
Bajo este contexto es importante recordar que el numeral 9 de la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión –que forma parte de la normativa interna hondureña- estípula que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
Comité por la Libre Expresión
