Alerta 092 -2017
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Por ejercer su derecho a la protesta contra la instalación de unos cables de alta tensión que atraviesan en su comunidad, siete personas fueron detenidas por la Policía Nacional en el Municipio de la Villa de San Francisco, departamento de Comayagua, en la zona central de Honduras.
El martes 29 de agosto pobladores del municipio de la Villa de San Francisco se tomaron la principal vía pública en un acto de manifestación que culmino en la detención de siete miembros del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y Otros (CAPIRHO), entre estos una mujer y un menor de edad que fue trasladado a los juzgados de menores de Tegucigalpa.
Los detenidos son: Mario benigno Gonzales, Rodolfo Quezada Bengtson, Santos Julio Zúñiga, Juan Camilo Palma, José Jorge Aguilar (presidente de CAPIRHO), la joven Cristian Marisol Hernández y el menor de edad Maicol Aguilar Gonzáles.
Información en poder de C-Libre, indica que el Ministerio Público pretende acusar a las personas detenidas de “coacción y atentado contra el Estado”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establecido en su informe anual del año 2005 que “el derecho a la manifestación pacífica, si bien es un derecho humano contenido en las libertades de reunión y de expresión, merece ser tratado de manera especial debido a que representa un modo de acción cívica para la exigencia y la defensa de derechos, altamente sensible a reacciones de gobierno y a políticas de Estado incompatibles con los derechos humanos”.
Los ambientalistas protestan por la instalación de cables de alta tensión que pretenden pasar sobre el poblado, promovido por la empresa Azucarera Tres Valles, con el proyecto generación de energía a través de biomasa y conexión a la red de distribución de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), según informó el periódico digital Defensores en Línea.
En los últimos días se han registrado detenciones en diferentes partes del país, por hacer ejercicio del derecho a la protesta, en el Municipio de Tela, Choluteca y Tegucigalpa, que han dado como resultado más de cien personas criminalizadas en su mayoría estudiantes universitarios.
Según Defensores en Línea, “la oposición del proyecto es porque los encargados nunca presentaron los documentos del proyecto, lo que ha provocado que los ambientalistas y vecinos sean perseguidos, acechados, amenazados, criminalizados, burlados, atacados y requeridos fiscalmente por la empresa de energía”.
Comité por la Libre Expresión
