Alerta 007 -2018
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- La Comisionada de Policía en retiro y diputada electa al Congreso Nacional María Luisa Borjas, fue querellada por el presidente y propietario de Banco Ficohosa Camilo Alejandro Atala
Faraj según conoció el Comité por la Libre Expresión.
La demanda judicial es por una conferencia de prensa ofrecida por Borjas frente a las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el pasado 22 de noviembre, en la que entre otros reveló información sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato de la líder y defensora de los derechos de los pueblos indígenas Berta Cáceres y sobre los móviles de su asesinato.
La querella es por los supuestos delitos de “calumnia derivado de expresiones constitutivas de difamación”, según consta en los documentos presentados ante la corte.
La audiencia de conciliación esta programada para el día jueves 18 de septiembre en los Tribunales de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia ante la juez Telma Cantarero.
Borjas es una destacada generadora de opinión pública, que se ha convertido en un canal para revelar información de interés público, que le es confiada para darla a conocer a la población, ante el temor a represalias por parte de las personas que tienen acceso a información que se mantiene en secreto para la población.
El 12 de julio del año 2013 la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay manifestó sobre el Caso de Edward Snowden que «muestra la necesidad de proteger a las personas que revelan información que tiene implicaciones en el respeto de los derechos humanos”, un caso similar a la situación por la que Borjas es llevada a los tribunales.
En la conferencia de prensa Borjas dio a conocer información importante sobre los responsables de los asesinatos de Alfredo Landaverde y el Fiscal Orlan Chávez.
Pillay parafraseó al ex relator especial para la promoción y protección de los derechos humanos, Martin Scheinin, quien dejó claro que revelar información secreta que es de interés público es lícito. «Información fiable sobre serias violaciones a los derechos humanos por una agencia de inteligencia es muy probable que provenga de la propia agencia. En estos casos, el interés del público en conocer el contenido de esta revelación pesa más que el desconocerlo».
La Alta Comisionada señaló, que «Estos reveladores de información deberían estar protegidos de represalias legales y acciones disciplinarias cuando revelen información no autorizada».
El Artículo trece de la Convención Americana de los Derechos Humanos garantiza el derecho a la libertad de pensamiento y expresión: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Comité por la Libre Expresión
