Alerta 020-2018
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Un apoderado legal de la Policía Nacional abogado Rómulo Mejía Pineda, actuando como apoderado legal particular del Director de la Policía y otros dos oficiales,
solicitó al Ministerio Público (MP) iniciar la investigación penal “preparatoria de una querella”, en contra de varios periodistas nacionales e internacionales.
“con el debido respeto comparezco ante usted Señora Fiscal, presentando solicitud para que se realicen investigaciones preparatorias con la finalidad de intentar una Querella, en vista de publicaciones difamatorias realizadas por los periodistas: CHRISTOPHER SHERMAN, MARTHA MENDOZA Y GARANCE BURKE de la agencia de noticias The Associated Press (AP), dice el documento presentado ante el MP.
La amenaza de querella se extiende a diferentes medios de comunicación hondureños por la publicación de la noticia, publicada por la AP y que inmediatamente se hicieron eco decenas de medios internacionales.
“Estamos presentando una diligencia prejudicial para que se investiguen el informe”, expresó periodistas el apoderado, tras agregar que la petición es en nombre de tres de los altos oficiales mencionados en la investigación de AP José David Aguilar Morán jefe de la Policía, Orbin Alexis Galo Maldonado y Orlin Javier Cerrato Cruz.
El pasado 25 de enero, el recién nombrado director de la fuerza pública, fue mencionado en un extenso reportaje ayudado “en 2013 al líder de un cartel de las drogas a concretar la entrega de un importante cargamento de cocaína, cuyo líder fue extraditado a Estados Unidos.
Los demandantes solicitan “el nombramiento de peritos informáticos a fin de realizar las pericias necesarias para obtener las URL de las páginas Web en las cuales se publicó los reportajes en los cuales se difama a mis representados” y requerir a empresas celulares para investigar los números que se comunicaron con el móvil 52 1 55 54024593, supuestamente usado por los periodistas de AP.
La publicación ha causado la indignación de los que aparecen mencionados en el reportaje y en las altas esferas del poder ya que el reportaje pone en duda el combate al narcotráfico y el papel de la Comisión de Depuración de la Policía, quién a través de uno de sus voceros aseguró que el Comisionado era uno de los más calificados para dirigir la policía.
Según el escrito, los supuestos agraviados manifiestan, que “las aseveraciones hechas por los periodistas en referencia, son constitutivas del delito de difamación en perjuicio de mis representados, que dañan su patrimonio moral y la imagen de la institución policial, al imputárseles falsamente delitos de acción penal pública mediante la utilización de medios de difusión masiva”.
“Si de esas acciones surgiera un culpable o persona que no puede demostrar lo que establece ese informe, se entablará una acción judicial que corresponde”, amenazó el representante legal que no mencionó los nombres de sus otros representados.
No es la primera vez que Associated Press saca a relucir denuncias en contra de la policía, aunque la agencia internacional de noticias no tiene corresponsal en Honduras desde hace varios años.
el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Comité por la Libre Expresión.
