Alerta 062-2018
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- En medio de represión e intimidación policial-militar se desarrolló durante tres días el paro nacional convocado por el sector transporte en Honduras.
Las tomas pacificas realizadas a nivel nacional los días 19,20 y 23 de julio, fueron asechadas por policías y militares e incluso civiles con capuchas que intentaban generar un ambiente de violencia entre los transportistas y ciudadanos.
El día jueves 19 de julio se denunció la primera represión se registró a eso de las dos de la tarde, en las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) de la ciudad capital, lugar donde varias docenas de antimotines a punta de gas lacrimógeno y tanqueta de agua dispersaron a los manifestantes y medios de comunicación que se encontraban dando cobertura informativa a la acción.
En horas de la noche los antimotines reprimieron a los manifestantes en el barrio las Brizas y en la zona de Casamata, siempre en la capital de Honduras, en donde se denunció el abuso en el uso de gas lacrimógeno para dispersar a los transportistas.
Posteriormente el viernes 20 de julio, los transportistas continuaron con las acciones de protesta y las reuniones para dar una solución a la crisis económica que atraviesan por el alto costo de los combustibles. En esta jornada se denunció violencia en el desalojo a manifestantes en la ciudad de Choluteca al sur del país.
Finalmente el lunes 23 de julio, la violencia contra los manifestantes se agudizó al punto de detener a un camarógrafo que documento el abuso militar contra un grupo de hombres en la colonia San Miguel de la ciudad capital del país.
Solamente en Tegucigalpa se registraron un total de cuatro desalojos represivos en la Colonia Loarque San Miguel, Carrizal y Zonal Belén, con un resultado de más de 15 personas detenidas. Por las redes sociales se ha hecho circular diversos videos que capturaron el abuso de los uniformados. (https://www.facebook.com/FabricioSandovalHN/videos/627372070967603/UzpfSTE1NDQ1MjAyMDkxOTAyNTg6MTg3NDU0NTY2NjE4NzcwOQ/).
En el municipio de Siaguatepeque en el centro de Honduras se denunció el la detención de transportista por parte de elementos policiales (https://www.facebook.com/altaeslanoche/videos/2115963405332693/UzpfSTMzMDAyNzAzNzUyMjEwNzozNzg3NjU3MDU5ODE1NzM/?q=lennys%20fajardo).
De igual manera en la carretera CA-4 a la altura del municipio de Santa Rosa de Copán al occidente del país el periodista Santiago López denunció una represión en contra de los transportistas que incluso afecto su labor informativa.
La principal exigencia del rubro es una rebaja de 20 lempiras al galón de gasolina, argumentando las enormes ganancias que tiene el régimen anualmente al tiempo de exigirle al gobierno actual revelar la fórmula que utilizan para calcular los precios de los carburantes, ya que Honduras, es el segundo país de Centroamérica con el precio de los derivados del petróleo más altos.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado que “la protesta social pacífica, como una manifestación del derecho de reunión, es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, esencial para la expresión crítica política y social de las actividades de las autoridades, así como para la fijación de posiciones y planes de acción respecto de los derechos humanos”.
De este modo, la Comisión Interamericana ha manifestado que “los gobiernos no pueden sencillamente invocar una de las restricciones legítimas de la libertad de expresión, como el mantenimiento del “orden público”, como medio para suprimir un “derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real”. Si esto ocurre, la restricción aplicada de esa manera no es legítima” (CIDH, Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la CIDH, 1994).
El derecho ciudadano a reunirse y manifestar, y el derecho al libre flujo de opiniones e información, ambos derechos, contemplados en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los artículos 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, constituyen elementos vitales para el buen funcionamiento del sistema democrático.
