Alerta 071-2018
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Se agudiza campaña de estigmatización contra organizaciones de sociedad civil que garantizan la defensa de los derechos humanos de pobladores de la comunidad de Azacualpa, municipio de la Unión, departamento de Copan en la zona occidente del país.
La defensa legitima del territorio por parte de los pobladores de Azacualpa, ante una compañía minera ha conllevado a la implementación de una estrategia de estigmatización y criminalización en contra de los defensores de derechos humanos, ambientalistas, líderes locales y pobladores.
Pese a que la minera explota el territorio desde hace ya más de dos décadas, el punto que detono la reacción de defensa de los pobladores fue la exhumación de cadáveres del cementerio comunitario y por ello desde el 29 de marzo del año 2016, pobladores se han organizado y gestionado el apoyo de organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país.
Este acompañamiento permitió conocer que las concesiones 129-D-02, 130-D-02,131-D-02 y 132-D-02 a la empresa minera no abarca el área del cementerio que cuenta con 200 años de antigüedad y además está ubicado en un territorio ejidal. A ello se le suman los casos registrados de daños a la salud de los pobladores en consecuencia de la explotación a cielo abierto por parte de la minera.
Bajo este contexto diversas organizaciones de sociedad civil interpusieron un recurso de amparo con suspención del acto reclamado y la medida cautelar, la resolución de los Tribunales de Justicia demanda un cese a la exhumación del cementerio.
En reacción, se ha implementado una campaña en contra de las organizaciones que prestan ayuda a los pobladores: CIPRODEH (Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras), ASONOG (Asociación de Organizaciones No Gubernamentales) y MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia).
Los empleados de la empresa minera que también son pobladores de Azacualpa o de sus alrededores han realizado movilizaciones para manifestar su apoyo a sus empleadores.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe “Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos”, contempla, lo siguiente:
“La criminalización y la estigmatización de las defensoras y defensores afecta su trabajo y las fuentes de financiación para desempeñarlo, ya que al deslegitimar las organizaciones, las entidades donantes se muestran renuentes a realizar contribuciones económicas por miedo a que con esto se les pueda asociar con apoyar actividades ilegales. En vista de ello, la CIDH considera indispensable que los Estados adopten políticas globales para defensoras y defensores de derechos humanos que les permitan ejercer su trabajo en un ambiente seguro. (file:///C:/Users/C%20libre/Downloads/criminalizacion2016.pdf)
Por su parte, desde el año 2015, un total de 22 organizaciones de la sociedad civil lanzaron una campaña denominada “ALTO AL RIESGO”, con la finalidad para promover un ambiente favorable para las defensoras y defensores de derechos humanos en las zonas más críticas del país donde existen con frecuencias conflictos por acceso a la tierra, el territorio y la naturaleza.
La campaña ALTO AL RIESGO estaría dirigida no solamente a las autoridades públicas sino a la ciudadanía en general para que reconozca y apoye el trabajo de defensa y promoción de derechos humanos en el actual contexto.
