Alerta No. 009-2019
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- El retiro de la escolta policial, campañas de desprestigio en su contra, el cierre de su espacio informativo por presiones estatales y dos capturas entre noviembre de 2018 y 27 de enero del presente año es el escenario adverso que rodea al periodista Jairo López en la ciudad de Choluteca.
López llegó a Tegucigalpa este jueves 30 de enero, para denunciar ante los medios de comunicación y las organizaciones que conforman la Mesa Nacional de Derechos Humanos las últimas acciones ejercidas en su contra, por altos mandos policiales que han estado vigilando los movimientos de su familia y su hogar.
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), organización que solicita y vigila el cumplimiento de las medidas en favor de López, asegura que desde 2017 (año que ingresa al Sistema de protección) los ataques no se han detenido, “al menos 10 ataques mensuales se han producido y, en las últimas semanas se incrementaron a uno por día”.
Al ser entrevistado por medios de comunicación en la capital hondureña, López cuestionó el papel del Mecanismo Nacional de Protección por llamarse al silencio y no actuar conforme a lo establecido en Ley de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, aprobada por el Congreso Nacional en mayo de 2015.
“Con todo lo que me ha pasado, van a intentar ponerme droga o buscar otro mecanismo para dejarlo preso”, sostuvo el periodista.
Además, denunció seguimiento de la inteligencia militar, la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y vigilancia a su casa.
Jairo López fue detenido el pasado 27 de enero en la comunidad de Santa Elena, Choluteca, mientras grababa videos de las acciones de protestas convocadas por el partido Libertad y Refundación (Libre) y sectores sociales del sur, contra la instalación de Juan Orlando Hernández en la presidencia de la República, a través del fraude electoral.
Un equipo de C-Libre documentó las acciones contra el comunicador y otras detenciones ocurridas el mismo día. López pretendía ser acusado por los delitos de: transporte de material explosivo, portación de armas hechizas y daños en perjuicio de la seguridad del Estado.
Permaneció detenido cerca de 12 horas, hasta ser puesto en libertad en la madrugada del lunes 28 de enero.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), llamó a las autoridades hondureñas a respetar las medidas de protección y el trabajo de Jairo López como comunicador.
En la Declaración Conjunta sobre Delitos contra la Libertad de Expresión, del 25 de junio de 2012, establece que los funcionarios estatales deberían repudiar de manera inequívoca los ataques perpetrados como represalia por el ejercicio de la libertad de expresión, y deberían abstenerse de efectuar declaraciones que posiblemente incrementen la vulnerabilidad de quienes son perseguidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Sobre medidas de protección, la declaración puntualiza a los Estados la adopción de medidas de protección, efectivas y concretas, en forma urgente destinadas a aquellas personas que puedan ser atacadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Esta declaración, fue promulgada por: El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).
