Tegucigalpa, (14 de agosto de 2019).- La Articulación 611, compuesta por diversas organizaciones de sociedad civil y derechos humanos, hizo un enérgico llamado al Congreso Nacional para que suspenda el periodo de «Vacatio Legis» del nuevo Código Penal e inicie un proceso de consultas incluyente, diverso y vinculante con la sociedad civil y demás actores sociales y políticos de Honduras.
Los representantes sociales esperan que las consultas permitan consensuar un texto que cumpla con los estándares internacionales en materia de derechos y libertades, así como de efectividad en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Jessica Sánchez, Directora del Grupo Sociedad Civil, una de las oenegés que forma la A611, expresó en rueda de prensa la preocupación del grupo por la entrada en vigor del nuevo Código Penal el próximo 10 de noviembre, «ya que dicho texto legal contiene muchas disposiciones claramente lesivas para los intereses de la sociedad hondureña.
«Desde hace dos años hemos venido denunciando que este nuevo Código Penal, no contó con la suficiente divulgación ni con una efectiva participación de la sociedad civil hondureña», afirmó Sánchez.
Por su parte Mery Agurcia, del Comité de Familiares de Detenidos desaparecidos en Honduras (COFADEH), otra de los integrantes de la A611, manifestó su preocupación por los alcances sociales que puede tener algunos artículos al posibilitar la persecución, represión y criminalización de la protesta social en Honduras, e incluir para ellos, penas desproporcionadas en comparación a otros delitos de mayor gravedad, como el tráfico de drogas o lavado de activos.
«Aun en contra de las recomendaciones de organismos de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), el Código Penal incluye el delito de asociación terrorista con una ambigua redacción, que puede ser usada como una potencial herramienta contra movimientos sociales y sus financiadores nacionales e internacionales», afirmó Agurcia.
La plataforma de organizaciones también externó su preocupación por el aumento de la pena de los delitos de coacciones y de instigación a la sedición, cuya aplicación afirmó «está muy vinculada a los conflictos campesinos y de defensa de los recursos naturales».
El Código mantiene la tipificación penal de los delitos de injurias y calumnias, incluyendo su modalidad agravada por el uso de redes sociales, lo que representa una «una clara amenaza a la libertad de expresión», comentó Edy Tábora del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
En esta misma línea representantes de organizaciones de mujeres como el Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, el Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) y la Asociación “Calidad de Vida”, mostraron además su preocupación por Ia «drástica reducción» de penas a varios delitos que protegen los derechos de las mujeres y las niñas, en especial, los delitos relacionados con violencia sexual y violencia intrafamiliar y tata de personas, contraviniendo las Convenciones firmadas en materia de derechos de las mujeres por el país.
Por su parte, las organizaciones de la comunidad LGTBI se mantienen en alerta al eliminarse la figura de los crímenes de odio, dejando en mayor estado de indefensión a las víctimas de estos delitos.
Corrupción y crimen organizado
Los miembros de la A611 también señalaron como este nuevo instrumento legal, carece de penas ejemplarizantes para frenar los delitos relacionados con la lucha contra la corrupción, como el de malversación de fondos, fraude o lavado de activos.
«Esto es un código que no sólo baja las penas, sino que también están abriendo la puerta para que quiénes comentan delitos relacionados con la corrupción queden impunes si devuelven lo sustraído antes de un requerimiento fiscal», añadió Jessica Sánchez.
También mostraron su consternación por «la drástica disminución de las penas por tráfico de drogas y lavado de activos», restándole así capacidad punitiva a los operadores de justicia que tan afanosamente persiguen estos delitos, así como por el establecimiento del principio de ‘Justicia universal» en el artículo 9, que de aplicarse, impediría la extradición a Estados Unidos de personas involucradas en narcotráfico, tráfico de armas, corrupción y trata de personas, entre otros delitos.
La Articulación 611 nació en el año 2017, cuando un grupo de organizaciones sociales preocupadas por la discusión en el Congreso Nacional del proyecto de un nuevo Código Penal, se reunieron en Tegucigalpa para analizar su contenido y hacer propuestas de reforma antes de su aprobación y puesta en vigencia.
Por un Código Penal que valga la pena
